La Ministra Teresa Ribera sigue sin pagarle a Francisco Turrión los 12.000 euros correspondientes a los 6 meses y 5 días que estuvo suspendido de empleo y sueldo en 2018 cumpliendo tres sanciones disciplinarias por ser el autor del informe publicado por Greenpeace "La trama del agua en la cuenca del segura, diez años después". Sanciones declaradas nulas por sentencia del Juzgado N° 6 de Murcia en febrero de 2019 y confirmada íntegramente después por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en diciembre pasado.

Como le ha recordado a la Vicepresidenta del Gobierno -y Ministra para la Transición Ecológica y el reto Demográfico- el TSJ en esta última sentencia, las sanciones disciplinarias declaradas nulas por el Juzgado de lo Social en primera instancia no tienen recurso. Es decir, son firmes desde el momento de la sentencia. Por tanto, desde hace más de un año el Hidrogeólogo de la CHS Francisco Turrión, debería tener ingresado en su cuenta eso 12.000 euros de los salarios no percibidos, satisfechas en la Seguridad Social las respectivas cuotas y haber podido disfrutar de las vacaciones correspondientes a ese periodo.

Cosa distinta es la indemnización de los otros 12.000 euros a la que condena el Juzgado de lo Social n° 6 al Ministerio por los daños y perjuicios causados al expedientado por VULNERACIÓN DE SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Indemnización que también ha sido confirmada por el TSJ, y que si admite recurso ante el Tribunal Supremo en Casación por Unificación de Doctrina.

Pero lo sorprendente, es que el propio Abogado del Estado en su recurso de súplica ante el TSJ ni siquiera cuestionaba dicha indemnización, se limitaba a decir que el expediente disciplinario estaba bien instruido.

Pues bien, para CCOO ha sido una sorpresa muy desagradable saber que la Abogacía del Estado, suponemos que por orden de la Ministra, ha anunciado Recurso ante el Tribunal Supremo. No nos preocupa el recurso sobre la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, que es lo único que cabe ya (no los salarios), sino la dilación del proceso, los meses que van a seguir pasando hasta que Francisco Turrión cobre dicha indemnización y los salarios (unos 24.000 euros totales).

Para CCOO, esta actitud del Ministerio de recurrir algo tan evidente y consagrado en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, como es el derecho a la libertad de expresión, es una estrategia de alargar el acoso contra Francisco Turrión, y manda un mensaje nítido a los funcionarios públicos de la CHS: ya sabéis que el que hable y cuente posible irregularidades en la gestión del agua de todos, no se lo vamos a poner fácil, aunque recurra a los juzgados y éstos lo amparen.

Y tal actitud de hostigamiento económico, pues es evidente que a cualquiera le hace falta ese dinero de las 6 nóminas de 2018 que el compañero no ha cobrado todavía en marzo de 2020, choca frontalmente con la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el pasado 17 de diciembre, y que protege a los whistleblowers (los que "tocan el silbato"), es decir los empleados que alertan a la sociedad de posibles irregularidades sobre la gestión pública que nos perjudican a todos.

CCOO va a pedir una reunión urgente con la Ministra Teresa Ribera para que nos explique por qué no paga los 12.000 euros de salarios a Francisco Turrión que no tienen recurso, y que jurisprudencia ha encontrado para recurrir ante el Tribunal Supremo la meritada sentencia del TSJ de Murcia, lo que va a dilatar el proceso varios años.

En caso de que no nos reciba, acudiremos al Defensor del Pueblo Europeo.