La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, CONSUMUR, tras conocer la propuesta del gobierno regional de suprimir la disposición adicional única, sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, muestra su absoluto rechazo, al generar una grave situación de indefensión en los consumidores y usuarios.

En el año 2015, a raíz de la proliferación de gasolineras "low cost", carentes de personal, y tras un debate sobre las mismas, el gobierno regional incorporó una disposición adicional única a la mencionada Ley, en la que se regulaba:

"Al efecto, entre otros, de lo previsto en el artículo 4 de la presente ley, todas las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan, al objeto de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.

Las personas con alguna discapacidad que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones. Todo ello sin perjuicio de lo establecido para las instalaciones que disfrutan de un régimen especial de distribución y, en particular, las cooperativas que no presten servicios a terceros."

No obstante, durante estos años ha existido una laxitud en la aplicación de la normativa, hecho que ha sido continuamente denunciado por representantes del sector y organizaciones de consumidores y usuarios.

Para CONSUMUR, la eliminación de esta obligatoriedad supondrá una vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios, recogidos en el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

La ausencia de personal provoca que el consumidor no pueda presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura, verificar si las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas o si el surtidor funciona correctamente. Además, vulnera los requisitos de seguridad exigidos en la normativa del sector de hidrocarburos, al trasladar toda la responsabilidad al consumidor.

Así mismo, la ausencia de medios humanos vulnera especialmente la protección de las personas con discapacidad.

Ante esta propuesta política, Roberto Barceló Vivancos, Presidente de CONSUMUR, considera que "Los derechos de los ciudadanos como consumidores y usuarios no pueden sufrir un retroceso. Y menos para los colectivos más expuestos y desprotegidos. Legislar a favor de la parte empresarial, teniendo en cuenta plenamente sus demandas y beneficios económicos, la vulneración de leyes que legitiman el avance social, solo pone de manifiesto, la falta de sensibilidad y la desprotección a la que se nos somete por parte de las administraciones públicas, quienes tienen el deber de proteger nuestros intereses, cuando son justos, ante el Mercado. Mal ejemplo de gobierno y de praxis política.  Ante ello el desencuentro ciudadano debe expresarse públicamente".