La formación presenta mociones en los 27 consistorios donde está presente para que insten al Gobierno central a la devolución de los 85 millones a la Región
Ciudadanos está ya registrando en los 27 ayuntamientos de la Región en los que cuenta con representación una moción para que los consistorios soliciten al Gobierno de España la devolución de la recaudación del IVA correspondiente a diciembre de 2017. La propuesta naranja responde a la intención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de no devolver a las comunidades autónomas este importe, ya que según ella “es una cuestión que debería haberse resuelto en 2019 y ya no es posible”. A juicio del portavoz de la gestora de Ciudadanos Región de Murcia y responsable de Acción Institucional, Jerónimo Moya, “está cl aro que el Gobierno del PSOE y Podemos deja así clara su intención de no pagar a las autonomías, en definitiva, a los ciudadanos, el dinero que por ley les corresponde”.
La liberación de la actualización de las entregas a cuenta que le corresponden a las Comunidades Autónomas relativas a la recaudación del IVA del ejercicio de 2017 correspondiente al mes dejado de percibir supondría en el caso de la Región de Murcia una inyección de liquidez de 85 millones de euros, “más necesaria que nunca una vez que además este Gobierno, de forma partidista y sectaria, ha decidido intervenir las cuentas regionales por el retraso en el pago a proveedores”.
La petición, en caso de aprobarse la moción que impulsarán los ediles naranjas, deberá ser “formal y urgente” mediante escrito. Moya ha insistido en la “necesidad” de responder a los continuos desmanes del Gobierno del PSOE y Podemos “con las comunidades autónomas, especialmente las que no están gobernadas por socialistas o sus socios independentistas”. El portavoz recuerda que “el dinero pertenece a las autonomías, y este Gobierno está incurriendo en toda una apropiación indebida, anteponiendo sus fines electoralistas a que los gobiernos autonómicos puedan disponer de su dinero para garantizar y mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales, como la Sanidad, la Educación o la Dependencia”. Para Moya se t rata de una “situación intolerable” que genera evidentes tensiones de tesorería en unas comunidades que “legítimamente contaban ya con esos recursos en sus cuentas públicas”
La propuesta también incluye la solicitud de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, “con el fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas, el cual lleva más de un año sin reunirse”.