STERM Intersindical critica que Educación haya tenido solo en cuenta la antigüedad de los centros y no el estado de deterioro de las cubiertas de amianto y cuestiona que el Plan se pueda iniciar en 2020.

La Consejería de Educación hizo público en las últimas semanas de diciembre un plan de eliminación del amianto de los centros educativos públicos donde se aborda el desamiantado de más de 150 colegios e institutos de la Región. Un plan mediante el cual la Administración pretende responder a la demanda social que exige su eliminación inmediata y a la normativa europea que insta a las Administración a su retirada antes del año 2028.

STERM Intersindical considera que este plan se presenta sin el necesario diálogo social previo sobre el que se debe sostener este tipo de planes y sin atender a los criterios técnicos que garanticen al máximo la salud y seguridad de docentes y alumnado.

Para José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, “el deterioro o rotura de las cubiertas de amianto debería ser un criterio fundamental, junto con la antigüedad, para determinar la urgencia de la retirada de amianto. No es sensato que cubiertas rotas deban esperar hasta 4 años para poder ser retiradas, mientras docentes y alumnado siguen expuestos a este material potencialmente cancerígeno”.

Desde el sindicato de enseñanza exigen al Gobierno Regional que cuánto antes se apruebe el Presupuesto Regional para el ejercicio presupuestario 2020 que deberá contemplar buena parte de la financiación de las obras de desamiantado y que, por parte de los Ayuntamientos afectados, se inicien todos los procedimientos necesarios para que estas obras se puedan realizar durante el verano de 2020.

STERM Intersindical insiste en recordar que no es la primera vez que Educación promete la retirada del amianto y posteriormente incumple su promesa. Por lo tanto, desde el sindicato señalan que estarán atentos a que se cumplan los plazos y exigirán a la Consejería de Educación que plasme este Plan de Retirada del Amianto en una resolución vinculante para la Administración y no simplemente, y como ya viene siendo habitual, en un papel que haga depender su grado de ejecución de la voluntad política que exista en un momento determinado.