Hace unas semanas representantes de Ciudadanos y del Partido Popular pidieron la ayuda de VOX para sacar la Ley Integral del Mar Menor. Esta formación se reunió con los representantes del gobierno de PP-Cs y puso como condición que no se criminalizara a la agricultura y se tuviesen en cuenta las propuestas que les habían llegado de otros sectores turísticos, deportivos y medioambientales, entre otros. Decían que era urgentísimo aprobar dicha ley y tras aceptar las propuestas de VOX le pasaron al texto legal el filtro de su aprobación, por los consejeros de PP-Cs, en consejo de gobierno para su urgente tramitación en la Asamblea Regional.
Ha sido una desagradable sorpresa comprobar cómo la portavoz del gobierno de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, entiende que ya no hay prisa y que lo pactado no tiene ningún valor, y los acuerdos, menos, y hay que debatirlo en la Asamblea y hacer enmiendas a lo ya pactado con VOX y en algo inédito en cualquier país occidental: un gobierno que se hace oposición a sí mismo a través de una facción que forma parte de este. Sería una broma de no ser porque están en juego la supervivencia de parte importante de la economía regional representada en la zona por el turismo y la agricultura, entre otros.
Ante la incapacidad demostrada para gestionar cualquier equipo de trabajo, no solo de gobierno, de la señora Franco, corresponsable de la situación a la que se ha llegado en el Mar Menor y su inconsistencia para mantener los acuerdos a los que se comprometen ella y su partido, consideramos que debe dimitir de forma inmediata.
Mucho nos tememos que este nuevo cambio de la ya conocida “veleta naranja” se deba a que está preparando un acuerdo con el PSOE de Sánchez, el que pacta con separatistas, proterroristas y comunistas amigos de las narcodictaduras bolivarianas para cerrar un acuerdo de gobierno que reproduzca en la Región el modelo que el PSOE está planteando para la España de Pedro Sánchez.
Tanto él como la ministra Teresa Ribera son los máximos culpables de la situación actual del Mar Menor, permitiendo un trasvase que lo excluya, mostrando rechazo a un ecosistema único en Europa y criminalizando así a los agricultores de la zona y tratando de desviar la atención de su inoperancia.