A lo largo del año 2019 la Consejería de Educación licitó la contratación del Servicio de organización y desarrollo de cursos de formación en lengua extranjera para el profesorado. Unos cursos que fueron adjudicados a la empresa Euroconsultoría Formación Empresa, S. L. por la cantidad total de 165.289,26 € y que se realizaron durante los últimos meses del año.

STERM Intersindical denuncia que la Consejería de Educación está intentando por todos los medios forzar la maquinaria para convertirse en un sistema de enseñanzas de lenguas extranjeras. Pero lo está haciendo a cualquier precio sin importarle realmente ni la calidad de la formación que ofrece al profesorado ni los resultados obtenidos por un sistema que ya tuvo que ser modificado sustancialmente al poco de implementarse y que todavía no ha sido evaluado convenientemente. El sindicato denuncia que la necesidad de contar con profesorado certificado con un nivel de idiomas del marco común europeo de referencia de C1 los ha llevado a realizar una especie de cursos de certificación 'low-cost' que han generado un gran descontento por parte del profesorado y que no responden a los criterios de calidad que demanda la Escuela Pública.

El sindicato ha denunciado este mecanismo de privatización de los servicios de formación del profesorado mediante empresas que han demostrado no estar capacitadas para dar una formación adaptada al entorno educativo sino más bien enfocadas a áreas profesionales empresariales o técnico-administrativas.

José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical denuncia que “la Consejería de Educación prefiere utilizar la vía privatizadora que no garantiza la calidad de los servicios y sí el beneficio de una determinada empresa. En lugar de ello deberían preocuparse de mejorar los recursos con los que cuentan las Escuelas Oficiales de Idiomas y dar facilidades al profesorado para que se forme, con la máxima garantía de calidad posible, en estas instituciones públicas y de manera totalmente orientada al ámbito educativo”.

El sindicato, que tilda esta licitación como una auténtica chapuza, ha aprovechado para denunciar la arbitrariedad con la que se mercadea con el número de plazas a ofrecer en los cursos -dando más puntos a las empresas que más plazas ofertaban en relación al presupuesto final- y la ausencia total de criterios objetivos para realizar la distribución de las 400 plazas totales, de las que 240 se localizan en Murcia, 48 en Cartagena y el resto se distribuye en distintos municipios de la Región como Lorca, Cieza o Torre-Pacheco.