El Sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha solicitado por escrito a miles de alcaldes y alcaldesas de toda España que exijan al Congreso de los Diputados que no se les prive de este servicio público que, como otros, es un elemento esencial para la 'España vaciada'.

El sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO está enviando esta semana escritos a los miles de alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por el cierre de los Registros Civiles previsto en la Ley 20/2011. En las cartas, se está recabando el apoyo de los regidores y regidoras a las acciones que el sindicato viene desarrollando desde hace años en defensa de un Registro Civil totalmente público, gratuito, atendido por personal de la Administración de Justicia y con el mantenimiento de todas las oficinas principales y delegadas existentes en la actualidad en las cabeceras de todos los partidos judiciales y en todos los Juzgados de Paz.

CCOO informa en esos documentos a alcaldes y alcaldesas de que el próximo día 30 de junio de 2020 está prevista la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. Uno de sus efectos más perniciosos para el servicio público y para la ciudadanía es el cierre masivo de miles de oficinas actuales del Registro Civil en las medianas y pequeñas poblaciones. De esta forma, los libros de nacimientos, matrimonios y defunciones que conforman la historia de esos municipios desde 1871 serán llevadosfuera de su localidad. La norma supondrá el cierre de miles de registros civiles en toda España: de las más de 7.500 oficinas de la actualidad a poco más de un centenar en el mejor de los casos.

Si no se modifica en las Cortes la ley antes de su entrada en vigor, los vecinos y las vecinas de esos municipios -en muchos casos, precisamente personas mayores, con pocos recursos o con dificultades de movilidad y de acceso a las nuevas tecnologías-, se verán privadas de la atención directa en este servicio y estarán obligadas a hacer las gestiones por vía telemática, a pagar por los servicios de una gestoría o un despacho de abogados/as, o a desplazarse a la oficina del Registro Civil de una ciudad alejada de su domicilio. Se trata de un esfuerzo económico y funcional para sectores de población especialmente vulnerables. Esto, en opinión de CCOO, supone una nueva discriminación hacia la denominada "España vaciada".

Frente a la situación actual de oficinas principales y delegadas en todos los partidos judiciales y juzgados de paz, la redacción actual de la Ley 20/2011 del Registro Civil solo contempla el mantenimiento de unas pocas oficinas, ya que especifica que "en cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil y que el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes". Dispone también que "excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma" y que "en atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley".