En el actual marco de incertidumbre política, el gobierno en funciones se excusa en la posible ausencia de presupuestos generales del Estado para poner en duda la justa subida salarial de los funcionarios. Para ANPE, esto no debe ser obstáculo alguno para un gobierno acostumbrado al uso de la técnica del Real Decreto Ley, en aquellos asuntos que ha considerado prioritarios, como recientemente ha ocurrido con la subida del 7,3 % validada por la Diputación Permanente del Congreso para las eléctricas y renovables.
Por ello, exigimos la garantía de una subida salarial de al menos el 2%, además de los posibles incrementos adicionales, como estaba previsto inicialmente y un aumento de la Inversión en Educación, con un mínimo del 5% del PIB, con el objetivo de llegar, en la próxima legislatura, a niveles de inversión de los países de nuestro entorno.
Hay que recordar que el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos desde el 2010 en adelante fue mucho mayor en los grupos funcionariales en los que se encuadra el profesorado, siendo en aquel momento del 7% en la mayoría de los cuerpos docentes, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo en estos últimos años superior al 25%. Dichos recortes repercutieron y aún perduran, fundamentalmente en las pagas extraordinarias, las cuales, justo antes de ese recorte, llegaron a ser dobles por primera vez para el profesorado.
Por todo ello, ANPE demanda el establecimiento de una cláusula de revisión salarial en función del IPC para evitar que aumente la pérdida de poder adquisitivo en el futuro, así como solicita al gobierno del Estado y de las CCAA que coordinen sus actuaciones de cara al logro de la equiparación salarial del profesorado en las distintas Comunidades.
Ante la posible formación del nuevo gobierno, ANPE considera imprescindible aumentar la inversión educativa para alcanzar en la legislatura el prometido 5% del PIB para poder abordar los retos y desafíos a los que se enfrenta la Educación en nuestro país, para la mejora del sistema educativo, la enseñanza pública y las condiciones laborales del profesorado.
Confiamos y deseamos que el sentido común, la altura de miras y la responsabilidad primen frente a los intereses políticos. Y que la próxima legislatura, tras la formación del nuevo gobierno, la educación sea objeto del pacto de estado o acuerdo imprescindible para que no se encuentre sometida a tensiones e incertidumbres permanentes y así, desde la estabilidad, afrontar los verdaderos retos y desafíos que necesita urgentemente el sistema educativo y su profesorado.