La Administración regional, tal y como recoge el borrador de la ley de Emergencias y Protección Civil, tendrá que exigir medidas de autoprotección a los centros o establecimientos, públicos o privados, donde se realicen o soporten actividades catalogadas de riesgo con el fin de prever su propia protección.

El texto, en fase de elaboración, pretende garantizar la disponibilidad permanente de un sistema de previsión de riesgos y gestión de emergencias que dé respuesta a la hora de coordinar y controlar las intervenciones en caso de incendios, catástrofes naturales, accidentes y otras situaciones de necesidad.

Este es uno de los puntos analizados por la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, quien mantuvo una reunión con un grupo de trabajo compuesto por expertos y técnicos en gestión de emergencias para analizar el borrador de la futura normativa.

Ballesteros destacó "la necesidad de contar con una norma que tenga rango de ley que establezca todas las medidas, obligaciones y derechos que conduzcan al cumplimiento de los objetivos en materia de emergencias y protección civil".

Proceso participativo

La ciudadanía podrá realizar aportaciones durante el proceso de elaboración de la normativa a través de una consulta pública, abierta desde el pasado día 22 de noviembre hasta el próximo día 11 de diciembre en la plataforma de participación ciudadana de la Administración regional participa.carm.es.