Las palabras de Isabel Celaá, actual Ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, durante la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas, asegurando que la “libre elección” de la escuela por las familias no es un derecho recogido en la Constitución, han servido para desempolvar el argumentario de los partidos de derecha y ultraderecha, la jerarquía católica y la patronal de la escuela privada concertada.
Sin embargo, la ministra Isabel Celaá no ha cuestionado ni el modelo de conciertos, ni tampoco el Concordato con la Iglesia. Todo lo contrario, en el ejercicio de sus funciones no sólo como Ministra sino también como Consejera de Educación en el País Vasco ha demostrado la reiterada defensa y apoyo a los conciertos educativos. Cabe recordar que en su primera intervención pública como ministra y portavoz del gobierno, aseguró “No hay nada que temer, conocemos el valor de la red concertada y la respetamos”. Ojalá en algún momento se pueda abrir ese debate y poder contribuir a la construcción de un sistema educativo más justo, solidario, democrático, laico y feminista.
José Manuel Fernández, co-portavoz de STERM Intersindical, señala que “por desgracia, declaraciones como la de la ministra no parecen indicar que la Administración vaya a dar un cambio en sus políticas educativas, ni que vaya a priorizar la red pública frente a la privada. Sin embargo, alimentan una interesada polémica para la derecha política y social que quiere ocupar ya las primeras líneas de la oposición a un posible gobierno progresista. Una polémica partidista y cortoplacista que nada tiene que ver con la mejora de la calidad educativa sino con la defensa de unos privilegios e intereses muy concretos y particulares”.
En esa misma línea comunicativa orquestada por el PP, la nueva Consejera de Educación en la Región de Murcia, Esperanza Moreno, tras un encuentro mantenido con el resto de consejeros de educación de otras CCAA y el presidente del Partido Pablo Casado, hizo suya la bandera de la libertad educativa vinculándola directamente al derecho de la libertad de elección de centro y a los conciertos educativos y a su obligación de defenderlos. Unas manifestaciones que para José Manuel Fernández “nos da a entender que la Consejera no ha tenido tiempo, ni para recibir a nuestro sindicato y atender a las demandas de miles de docentes de la enseñanza pública ni para leerse la Constitución, que en ningún momento determinada que la libertad de enseñanza suponga la obligación ni el derecho de financiar con dinero público, de todas y todos los contribuyentes, las elecciones privadas”.
Para STERM Intersindical, la regularización hacia la plena constitucionalidad de la Educación Pública pasa por tomar las medidas necesarias para tener una educación pública plenamente integradora, intercultural, igualitaria, democrática y laica. En esta línea, STERM Intersindical como parte activa de la Confederación de STE-s, organización sindical con mayor representación en todo el Estado Español, pide la derogación inmediata de los Acuerdos con el Vaticano, que entiende son un obstáculo para esta normalización.