La prohibición a la asistencia a los actos del partido Vox, dirigida a algunos medios de comunicación y periodistas, es un inadmisible incumplimiento del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la libertad de expresión se liga a la libertad de acceso a la información como un modo de desarrollo del ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Es misión de los medios de comunicación, públicos y privados, velar por facilitar información veraz a la ciudadanía, y poner cortapisas a ese trabajo significa establecer mordazas y censura, modos que corresponden a sociedades limitadas por regímenes antidemocráticos.

La Constitución Española de 1978, asumiendo el gran avance aceptado por las naciones democráticas que fue la Declaración de Derechos Humanos, establece en su artículo 20, incluido en el título de Derechos y Deberes Fundamentales, el reconocimiento y protección del derecho A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

El Sector de Medios de Comunicación de CCOO-RM considera que las medidas adoptadas por el partido Vox desde su dirección nacional, y obedecidas sin cuestionamiento alguno en la Región de Murcia, suponen un perjuicio insoportable:

Para la ciudadanía, que se ve privada de ciertas fuentes de información profesionales sobre la actividad de ese partido político.

Para las trabajadoras y trabajadores de esos medios de comunicación, que intentan cumplir su cometido frente a prohibiciones antidemocráticas.

Para nuestras normas fundamentales que, a pesar de haber sido asumidas por los parlamentarios que han jurado o prometido cumplirlas, son maltratadas reiteradamente.

Para la conciencia del pueblo de la Región de Murcia y de España, que no merece esos modos antidemocráticos y una imagen que nos sitúa en tiempos de dictadura que tanto hicieron retroceder nuestra Historia.

Por todo ello, exigimos:

Que los poderes públicos articulen las medidas precisas para que Vox o cualquier formación política afín no puedan impedir el libre acceso de los medios de comunicación a cualquiera de sus instalaciones o actividades.

Que se tomen medidas o sanciones, en su caso, y se exija, no solo el cumplimiento de las normas superiores que amparan el derecho a la información, sino disculpas públicas a los medios de comunicación afectados y a sus plantillas.