La presidenta del partido regionalista "Somos Región", Pilar García Santos, acompañada de Jesús Macanás, Secretario General y Candidato al Congreso de los Diputados, y de Juana Rocamora, Portavoz y Candidata al Senado, ha exigido esta mañana la dimisión del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la crisis medioambiental que sufre el Mar Menor.
"No podemos admitir que el gobierno regional se escude en una la gota fría y algo de dejadez, ni que el ministerio de Transición Ecológica se fije exclusivamente en los agricultores, cuando ni unos ni otros han sido capaces de buscar una solución de equilibrio entre intereses sociales, económicos y ecológicos de la Región" ha declarado la presidenta. "La situación de degradación medioambiental es el desenlace inevitable de años de desarrollo agrícola, urbanístico y turístico en torno al Mar Menor y en el campo de Cartagena, sin el debido control de las autoridades estatales, regionales y locales. Es decir, el resultado de mirar hacia otro lado sin tomar las medidas necesarias para un desarrollo sostenible."
"Esta grave irresponsabilidad que se ha mantenido hasta hoy mismo, hace que el Presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, así como la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no puedan seguir en el cargo ni un minuto más y exigimos ambas dimisiones."
Pilar García Santos ha planteado las siguientes cuestiones "¿acaso el trato sería el mismo si se tratara del Delta del Ebro o de la Albufera de Valencia? Probablemente no. Y si fue posible lo del Prestige o lo de Aznalcollar, ¿por qué no lo es el Mar Menor?." Así mismo ha recordado que "el gobierno en funciones se ha comprometido a cargar con la deuda de la Comunidad Valenciana, de 400 millones de euros, por la Copa América. Mientras, en la Región de Murcia, ante un problema de gravedad, con importantes repercusiones económicas, la inversión estatal no supera los 65 millones de euros."
Para el partido regionalista "es hora de exigir, que el plan vertido cero, del que ya llevamos años oyendo hablar, se convierta en una realidad. Y es en este punto donde nos encontramos un nuevo escollo, porque a la hora de repartir los costes presupuestados, el Ministerio imputa un 60% del gasto a la CARM, un 30% del gasto a los ayuntamientos ribereños, y al Estado tan solo un 10%." Considerando por tanto un trato discriminatorio para los ciudadanos de la Región, pues "el Gobierno de España conoce perfectamente que el déficit de esta región roza ya los 10.000 millones de euros y que, sistemáticamente, el déficit de financiación de los servicios públicos fundamentales, nos deja en una situación extremadamente complicada para acometer semejantes obras."