El portavoz parlamentario de Cs, Juan José Molina asegura que la norma “seguirá ahondando en la regeneración eficaz y efectiva tanto en el Gobierno como en la administración pública”
El grupo parlamentario de Ciudadanos va a mejorar el proyecto de Ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción con el fin de actualizarlo, aumentarlo y perfeccionarlo. Entre los añadidos, el portavoz parlamentario naranja, Juan José Molina, ha destacado que “solucionará las deficiencias de la vigente Ley de Transparencia y Participación Ciudadana autonómica, y muy especialmente la imposibilidad actual en los ayuntamientos de presentar una reclamación de derecho de acceso ante el Consejo de la Transparencia”. El portavoz naranja también ha adelantado que el remozado proyecto sumará también modificaciones en el régimen del Estatuto del Alto Cargo, que data de 1994, “para adaptarlo a la legislación actual y a los nuevos tiempos, ya que su contenido ha quedado ciertamente superado”. En este sentido, el nuevo texto potenciará “la redacción de las incompatibilidades y el régimen de conflictos de intereses de los altos cargos”.
“Nuestro objetivo con esta futura ley es potenciar y consolidar la ética y la integridad pública”, ha añadido Molina, quien considera que su fin último “es someter la actuación de los representantes públicos a pautas no solo jurídicas, sino también morales y éticas”. Entre otras novedades, el portavoz liberal ha adelantado que la nueva legislación contendrá la regulación de los grupos de interés y presión -los conocidos como ‘lobbies’-, así como la puesta en marcha de un registro de estos grupos. “Es una medida de regeneración democrática que pretende prevenir e informar de su influencia en el diseño y ejecución de las políticas públicas y la toma de d ecisiones de la Administración pública”, ha añadido Molina.
A su juicio, “el objetivo principal de esta norma es seguir ahondando en la regeneración eficaz y efectiva en el Gobierno y la administración pública regional, manteniendo e incluyendo en el proyecto de ley medidas de lucha contra la corrupción y de protección de los denunciantes”.