La Asamblea Regional de Murcia ha iniciado el curso parlamentario con una sesión plenaria en la que se ha procedido a la elección de los tres ponentes, que, en representación de la Cámara, defenderán ante el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, encaminada a la eliminación de los aforamientos de los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno.
Diego Conesa, Joaquín Segado y Juan José Molina, portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, han sido elegidos con los 38 votos a favor de los diputados de estos tres grupos parlamentarios, y la abstención de los tres diputados de Vox presentes, y de la diputada de Podemos, María Giménez Casalduero.
La reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (artículos 25 y 33) que se defenderá en el debate de totalidad ante el Pleno del Congreso el martes, 10 de septiembre, fue aprobada por unanimidad en la pasada Legislatura, concretamente el 26 de abril de 2017.
La Asamblea se convertía así en el primer parlamento en decidir la eliminación de los aforamientos, una figura por la que ni los diputados regionales ni los miembros del Consejo de Gobierno pueden ser detenidos ni retenidos durante su mandato, salvo en caso de flagrante delito, por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, en tanto el Tribunal Superior de Justicia decide sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, y que, fuera de la Región, la responsabilidad penal de sus actos sólo puede ser exigida en los mismos términos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El 12 de septiembre de 2017 el Congreso aprobaba tramitar la citada reforma, que defendieron desde la tribuna de oradores Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; Miguel Sánchez López, portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y Joaquín López Pagán, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La extinción de la pasada Legislatura en las Cortes Generales ha obligado a que se reinicie en el Congreso de los Diputados el trámite parlamentario de esta iniciativa para el pronunciamiento de la nueva Cámara.