La Plataforma formada por los colectivos LGTBI afirma en su argumentación que estas instrucciones vulneran toda la legislación vigente en materia educativa, desde la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes sobre Educación estatales y regionales, los decretos que desarrollan las mismas, los convenios internacionales a los que España está suscrita y la propia Ley de Igualdad que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional en 2016.
Afirman, así mismo, que la nueva Consejera de Educación, Dña. Esperanza Moreno Reventós, conoce de primera mano la legislación vigente, ya que durante el gobierno anterior, ocupando la Dirección General de …… , tuvo que hacer frente a las críticas recibidas, que tanto desde las instituciones educativas, como sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos y los propios colectivos emitieron, cuando la anterior Consejera de Educación prohibió las charlas en diversidad afectivo-sexual, de género y familiar presionada por el Foro de la Familia, y que tras una Moción Parlamentaria de Reprobación, rectificó, ateniéndose a la Ley.
No es comprensible volver a caer en el mismo error, sabiendo que toda la legislación que protege al alumnado de nuestra escuela pública y concertada, deja claro sin lugar a dudas, la educación en valores de respeto, libertades, equidad, igualdad, desarrollo óptimo de la personalidad y Derechos Humanos como una responsabilidad de nuestros poderes públicos, siendo de obligado cumplimiento para nuestras instituciones educativas, más allá de las creencias subjetivas u opiniones, no siempre acordes a nuestros valores democráticos, de las familias de nuestro alumnado. La Escuela Pública, y todos los valores que transmite, son un Derecho para los menores, no una opción que pueda dejarse en manos de creencias morales a todas luces subjetivas, y en muchos casos, contrarias a nuestro Estado de Derecho.
Por todo ello, la Plataforma LGTBI, con el apoyo de sindicatos, partidos de la oposición, comunidad educativa y ciudadanía que respeta la legalidad vigente, han exigido a la Consejería de Educación que rectifique de manera inmediata las instrucciones emitidas, o tomarán las medidas judiciales necesarias para que nuestro Estado de Derecho no quede vulnerado por políticas educativas ilegales y nefastas para un desarrollo social adecuadamente dirigido.