Desde el SPL-UGT, Sindicato de Policía Local de la Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos de UGT en la Región de Murcia, denunciamos que el Ayuntamiento de Murcia esté estudiando la posibilidad de privatizar la vigilancia de edificios e instalaciones municipales así como las autoridades y empleados que estos contienen, siendo esto una competencia exclusiva del cuerpo de Policía Local de Murcia.
La pasada semana FESP-UGT presentó por registro del Ayuntamiento un escrito, en el que avisaba que se opondría frontalmente a esta medida, si definitivamente fuera sacada a concurso público la prestación privada de esta función, que es exclusivamente policial y pública, además de estar regulada legalmente.
El Equipo de Gobierno del alcalde Ballesta debe articular ya un reglamento de segunda actividad que refleje este derecho de los agentes, tras más de 18 años de generarse la obligación para ello en la aún vigente ley 4/98 de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia.
El responsable del Sector de Admón. Local en FeSP-UGT región de Murcia José Juan González recordó "que se trata de intrusismo profesional en la primera de las competencias asignadas a los miembros del cuerpo, y también es una amortización encubierta de puestos de segunda actividad". El responsable de UGT también incide en la obligación legal que tiene el Ayuntamiento a partir del 6 de octubre de consignar estos puestos en la relación de puestos de trabajo, en aplicación de la nueva ley que regula el sector en nuestra región.
Para FESP-UGT llevar a cabo esta privatización del servicio, supondría pagar dos veces esta función ya valorada a los agentes, encomendando ésta a un a empresa privada, y rebajando en la práctica el nivel de seguridad en plena alerta 4 al eliminar personal armado.
Desde FESP-UGT esperamos que el Ayuntamiento de Murcia recapacite sobre esta cuestión, y no cometa la ilegalidad que supondría la intromisión en las competencias de este cuerpo, además de aumentar la tensión y empeorar el ya de por sí mal clima profesional existente entre el colectivo de Policía Local y el propio Ayuntamiento.