El presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, ha recibido esta mañana al fiscal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que le ha entregado la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2018.

Alberto Castillo ha agradecido que la Asamblea haya sido el primer estamento donde se presenta este documento y se ha comprometido a trasladar la información a los Grupos Parlamentarios.

Durante la hora que ha durado el encuentro, el fiscal jefe ha explicado   al presidente de la Asamblea la situación de la Administración de Justicia en la Región de Murcia. Castillo ha declarado que le ha llamado poderosamente la atención el dato de que la ratio de fiscal por habitante en la Región de Murcia  es de las más bajas de España: uno por cada 24.000 habitantes, lo que ha calificado de “absolutamente insuficiente”, cuando hay otras provincias más pequeñas, que tienen un fiscal por cada 8.000 o 9.000 habitantes.

El presidente de la Asamblea ha abogado asimismo por la modernización de la administración de Justicia, cuyas instalaciones han quedado obsoletas, y ha planteado la necesidad de aumentar el número de funcionarios en la Fiscalía.

El fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, ha abundado en las necesidades materiales y de personal, y ha subrayado el intenso trabajo desarrollado en 2018 por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia en los diferentes ámbitos y secciones .

    Díaz Manzanera ha calificado de “necesidad urgentísima”  que el Ministerio mueva ya el expediente  para hacer una Ciudad de la Justicia en condiciones en Cartagena, se inicien las obras del Palacio de Justicia de Lorca y el expediente administrativo para iniciar la construcción del nuevo  Palacio de justicia en Molina de Segura, al tiempo que ha denunciado que las instalaciones en Murcia se han quedado pequeñas.

    El fiscal jefe se ha mostrado optimista sobre las ventajas de la digitalización de la Justicia y su repercusión en la agilización de los procesos y ha destacado la labor realizada por la Fiscalía en la mayor persecución de los delitos de conducción bajo la influencia de las drogas, y en otros ámbitos, como en lo relacionado con la violencia contra la mujer, si bien ha denunciado que la retirada de la denuncia por parte de las víctimas está generando un porcentaje de absoluciones superior al que se da en otras figuras delictivas, ya que impide que se llegue al fondo del asunto, y “al ser prueba fundamental, genera absoluciones”.