CCOO Enseñanza ha reivindicado la actualización del acuerdo de prórroga de jubilación parcial en la enseñanza concertada desde hace mucho tiempo, pero lamenta que este pacto no se produzca como fruto del proceso de negociación habitual entre todas las partes y, en cambio, se alcance en medio de un proceso electoral, de resultado incierto.

Es un criterio de la Federación de Enseñanza de CCOO la defensa de las condiciones de trabajo de todos los docentes, sin discriminar nunca su adscripción a centros públicos o privados.

Aun así, desde el sindicato criticamos que este acuerdo se haya efectuado por mediación de un equipo de gobierno que ha primado en sus actuaciones la promoción de las empresas privadas dedicadas al sector educativo, con desviación del presupuesto público hacia ellas, en detrimento de reivindicaciones de los centros y empleados públicos.

Pese a nuestra oposición a la política educativa del Gobierno regional y al modo en el que se ha negociado este acuerdo, consideramos que supone una mejora de las condiciones de jubilación de los trabajadores de la enseñanza privada y concertada.

Pero, valoramos de una irresponsabilidad grave el apartado f) del Acuerdo, por el que la Administración pretende inhibirse en caso de "incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones que legalmente le correspondan en relación a la jubilación parcial y el contrato de relevo."

Por tanto, CCOO Enseñanza exige que esta medida se aplique de igual manera a los trabajadores públicos de la Consejería de Educación que se jubilan por el Régimen general de la Seguridad social, tanto al personal docente y no docente como laboral e interino, además de funcionario. Porque no es admisible que la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, aplique unas medidas que mejoran las condiciones de jubilación de los trabajadores de la enseñanza privada y privada-concertada, para satisfacer a la patronal del sector y, sin embargo, se olvide de sus propios trabajadores.