En la Región de Murcia hay 15.167 murcianos que se encuentran afectados por el fraude filatélico de las sociedades Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza.
La asociación, única plataforma viva estatal 13 años después de los fraudes, sale a la calle para exigir una solución razonable a esta gran estafa colectiva que afecta a 15.000 familias en toda la Región de Murcia. Adicae reclama una solución extraordinaria para un problema extraordinario, una vez que la vía penal no ha resuelto la indemnización a los afectados.
Los fraudes afectaron a 15.167 personas en la Comunidad Autónoma de Murcia (8.897 en el caso de Fórum Filatélico, 6.270 en el caso de Afinsa). A nivel nacional, los afectados fueron más de 500.000 y el fraude de 5.400 millones de euros.
Con motivo del décimo tercer aniversario de la estafa, este jueves 9 de mayo, desde ADICAE Murcia se hace un llamamiento a todos los afectados murcianos por este fraude colectivo a que salgan a la calle y se unan a la concentración de ADICAE en la Plaza de Santo Domingo a las 12.00 h. para sumar fuerzas y exigir una solución tras trece años sin ella.
Esta concentración se hace en apoyo a la gran manifestación que se va a llevar a cabo en Madrid también para este sábado. Además hay organizadas decenas de concentraciones para el mismo día en todo el país.
El desistimiento de las múltiples plataformas de afectados de Fórum, Afinsa, Arte y Naturaleza han dejado a ADICAE con la responsabilidad de liderar en solitario el movimiento de los afectados. La asociación llama al medio millón de familias afectadas a sumarse a la agenda de reivindicación y actuaciones que se plantean en el futuro.
ADICAE sostiene que los procesos de liquidación, encargados de gestionar el patrimonio y su posterior venta, son fundamentales para la devolución posterior a los afectados. La asociación vuelve a poner sobre la mesa el fracaso del sistema concursal, no preparado para un proceso de tal envergadura.
Una vez más la asociación reivindicará la solución política aprobada en el Congreso de los Diputados en el año 2014 en la que se instaba al Gobierno central a intervenir en los procedimientos concursales, comprando a los afectados los derechos de cobro que tienen a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).