El secretario general de Podemos Región de Murcia y candidato a la presidencia, ha explicado que sigue adelante porque "como ya dijimos, el tribunal ve indicios de inconstitucionalidad. El principal argumento del recurso es que la ley no es suficientemente clara en la regulación en materia urbanística y ambiental. Se trata de un texto confuso, de difícil comprensión no sólo para la ciudadanía, sino también para la Administración autonómica y local, que tendrá que aplicarla, lo que va a generar muchos problemas. Es como una amnistía urbanística y medioambiental a aquellas empresas que llevan muchos años vulnerando la ley sin importar si perjudican a la Región".

Óscar Urralburu ha subrayado que el recurso de Podemos sigue su camino contra una ley que es "mala para la Región de Murcia. Por eso presentamos el recurso ante el Constitucional porque lo que parece que el PP pretende es hacer un texto "poco claro a propósito, sobre todo en materia urbanística y ambiental, para hacer lo que más le convenga a ellos y a sus redes clientelares. Por ejemplo, regula nuevos procedimientos relativos a figuras inexistentes en la normativa actual, como la llamada licencia de actividad para usos provisionales, que el Supremo ya ha señalado que es inconstitucional en otras comunidades autónomas".

Esta ley, "invade competencias de los ayuntamientos y se excede en todo lo que concierne a la gestión que puede realizar la Comunidad Autónoma". Lo que han hecho, ha dicho el secretario general de Podemos Región de Murcia y candidato a la presidencia, es utilizar el resultado "del caos generado por décadas de desgobierno ambiental para justificar una amnistía que no conviene a nadie: a esas empresas que se pretende regularizar, les causa mayor inseguridad jurídica, a las que siempre han cumplido la normativa, las discrimina. Y a la Región, le perjudica poniendo en riesgo su valioso patrimonio ambiental e instaurando una inseguridad jurídica en la que sólo ser amigo del PP te garantiza una cierta tranquilidad".

Asimismo, Óscar Urralburu ha hecho hincapié en que la Ley de Aceleración deja la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente, "algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra".