Juan José Molina: “Creemos que es muy positivo que aquellas personas que perciben una pensión de incapacidad permanente ostenten automáticamente la condición de discapacitados con los derechos y ventajas que ello conlleva”

El pleno de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para que los pensionistas con incapacidad dispongan de una tarjeta acreditativa, sin tener que someterse a la revisión de un tribunal del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) que acredite su minusvalía.

Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha mostrado su satisfacción “porque creemos que es muy positivo que aquellas personas que perciben una pensión de incapacidad permanente ostenten automáticamente la condición de discapacitados sin necesitar una declaración expresa, con los derechos y ventajas que ello conlleva”.

En este sentido, Molina ha señalado que se trata de armonizar un problema que se creó tras la entrada en vigor en 2013 de un decreto nacional que armoniza la legislación de los derechos de las personas en materia de discapacidad que indica que las personas que obtengan la pensión de incapacidad permanente, o una pensión de jubilación o retiro por incapacidad, tienen reconocidos automáticamente el grado de incapacidad.

“Las Comunidades Autónomas han modificado sus normas para que cuando una persona solicite la tarjeta de discapacidad se le reconozca automáticamente, como sucede en regiones como Aragón o Asturias; sin embargo, en la Región de Murcia no se reconoce este derecho porque se argumenta que la administración tiene que reconocer nuevamente un grado de discapacidad que ya ha reconocido el Estado, algo que no es comprensible”, ha añadido el diputado de Cs.

Según el artículo 4.2 del Real Decreto 1/2013 de la Ley General de Derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y  los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.