Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional, en la que ha solicitado que se proceda al desarrollo de un programa voluntario de cooperación entre la administración regional y la administración municipal, que asegure las condiciones de habitabilidad, climatización y seguridad en las infraestructuras educativas.

El programa de cooperación se llevaría a cabo a través de la realización de un convenio, cuyo objeto sería la delegación de competencias en la entidad local que lo suscriba, respetando lo dispuesto en la ley reguladora de 1985 de las bases del régimen local, de modo que los ayuntamientos sean los responsables de la gestión y la certificación de la obra, mientras que la Administración regional se haría cargo de la financiación de la obra.

Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha incidido en la necesidad de que se lleve a cambio este convenio “porque es innegable que la infraestructura escolar de la Región deja mucho que desear. Muchos centros educativos presentan deficiencias por falta de espacios, por estar inadecuadamente climatizados, o por carecer de zonas de sombraje. Por tanto, los fondos deben ser destinados al mantenimiento o a la renovación estructural de centros que, sin ser barracones, no cumplan con las condiciones básicas de habitabilidad y bioclimatización, así como a proyectos relacionados con la retirada del amianto”.

En este sentido, Molina ha señalado que una de las causas de las carencias de los centros educativos se debe a la complejidad burocrática para llevar a cabo las obras por la falta de cooperación entre las estructuras de Gobierno local y la Administración regional. “El objetivo de esta iniciativa es que la Consejería de Educación pueda delegar, tal y como permite la ley, en aquellos ayuntamientos que, voluntariamente, quieran sumarse a esta iniciativa, para que éstos puedan intervenir de manera activa en la mejora de esos centros y en la agilización de las obras de los proyectos”.

“Debemos establecer las bases para conseguir que un ayuntamiento no solo se sienta implicado y ejecute sus competencias educativas atribuidas, sino que, además, adopte un planteamiento activo ante la educación, que planifique y ejecute sus propios acuerdos, y que colabore con otras administraciones en la regulación y gestión de la calidad educativa de su territorio; es decir, que el Gobierno local se haga corresponsable, junto a otras administraciones regionales, de la educación de sus jóvenes y de la conservación y buenas condiciones que deben tener las infraestructuras educativas de nuestros municipios”, ha finalizado el diputado de la formación naranja.