La subida de precio del agua afecta especialmente a las explotaciones familiares y pequeños agricultores y pide a López Miras medidas fiscales a favor de este colectivo y al Gobierno Central la aplicación del precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) expresa su preocupación por la subida de precio del agua para riego que están aplicando las Comunidades de Regantes del Trasvase Tajo-Segura y por ello insta a los gobiernos central y autonómico a adoptar medidas que palíen esta situación que provoca incremento de los costes de producción y pérdida de competitividad.

UPA-Murcia recuerda que los regantes del Trasvase ya pagaban el agua más cara de España y que la acumulación de acontecimientos en los últimos meses, entre ellos el "tasazo" que dejó en herencia la exministra Tejerina y la necesidad de recurrir en mayor medida al uso del agua desalada, han agravado la situación.

UPA no oculta que esta circunstancia afecta a todo tipo de productores, pero quiere resaltar que "causa especial perjuicio a las explotaciones familiares y los pequeños agricultores, cuyo margen de maniobra para mantener rentabilidad de sus explotaciones es mucho más reducido", ha señalado el Secretario General de UPA-Murcia, Marcos Alarcón.

Entre tanto, denuncia UPA, resulta pasmosa la pasividad de los Gobiernos central y autonómico, que se constata por la ausencia de medidas que palíen la pérdida de competitividad que supone el incremento de costes que tienen que soportar los productores más vulnerables, muy afectados ya por las escasas dotaciones de agua que reciben para sacar adelante sus producciones.

Por ello UPA hace un llamamiento al Gobierno Central para que habilite la puesta en marcha de lo previsto en la Ley 1/2018 para que el precio del agua desalada no sea superior a 30 céntimos/m3 y al mismo tiempo, insta al Gobierno Regional, que parece presumir de ser el que ha impulsado la mayor bajada de impuestos de todo el Estado, a que establezca bonificaciones y deducciones fiscales, en el ámbito de sus competencias, para los pequeños y medianos agricultores que soportan tan importante incremento en sus costes de producción.