El gobierno de la Región de Murcia sigue empeñado en incumplir la normativa, nacional y comunitaria, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que proclaman el principio de igualdad y no discriminación entre empleados de la administración, independientemente del carácter indefinido o temporal de su relación contractual.

El pasado mes de noviembre la Mesa General de Negociación de la Función Pública aprobó la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Administración regional, de forma que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir estos complementos salariales de manera progresiva a partir de abril.

De manera expresa, e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir.

Desde AIDMUR no entendemos la actitud de la administración regional, empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencial, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por AIDMUR el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos, lo que motivó la derogación de un acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por esta razón, anunciamos que ya estamos estudiando el ejercicio de las acciones legales oportunas, tanto administrativas como penales, contra una norma manifiestamente ilegal e impuesta a sabiendas de su ilegalidad.

No acertamos a entender cómo es posible que una administración incumpla consciente y voluntariamente la normativa constitucional y europea, así como la jurisprudencia, que consagran el principio de igualdad y no discriminación.

Pensamos que a este gobierno poco le importa el cumplimiento de la legalidad, y tampoco debe importarle mucho el gasto que va a originar a los ciudadanos de la Región en litigios ante la justicia.

Asimismo demuestran un escaso sentido de la responsabilidad y de la vergüenza cuando saben perfectamente que van a perder ante los tribunales y que van a tener que hacer frente al pago de cantidades millonarias, e incluso indemnizatorias, así como el caos que supondrá la actualización de las correspondientes nóminas a los miles de afectados/as.

Por ello nos preguntamos si estos teóricos responsables políticos actuarían de la misma forma si estos tuvieran que afrontar personalmente dichos gastos de su propio bolsillo, pues parecen actuar muy alegremente con el dinero que es de todos; al igual que ha ocurrido con la vergonzosa publicación de un libro plagado de faltas de ortografía, auspiciado por la consejería de agricultura y la de educación, que nos cuesta la friolera de 150.000 euros, y que no ha pasado por ningún control ni supervisión.

Y es que esto es lo que ocurre cuando se da cobertura a determinados chiringuitos, entrelazados con relaciones personales, y cuando el nivel de nuestros representantes es tan sumamente bajo, por lo que solicitamos públicamente que la Asamblea Regional fiscalice la actuación del programa escolar de consumo de frutas y hortalizas, que aparte de esos 150.000 euros en la edición de esa infame publicación, supone otros 811.000 euros que deberían estar perfectamente justificados, pues de lo contrario estaríamos hablando de la comisión de graves delitos.