La Comunidad Autónoma, a través de la Fundación murciana para la tutela y defensa judicial de adultos, es en la actualidad el representante legal de 842 personas mayores de edad pero incapacitadas que no tienen a nadie que las atienda, lo que supone un incremento del 7 por ciento respecto al año pasado.

La Comunidad, a través de un equipo multidisciplinar, realiza la labor que le correspondería a la familia; vela por los derechos de los tutelados y se hace cargo de todas sus necesidades materiales, sociales y afectivas. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, explicó que "el reto cada año es mejorar la atención a estas personas y seguir aumentando los recursos para ello".

La mayoría de los tutelados se encuentran en centros residenciales, si bien se cuenta con la posibilidad de estar con familias de acogida o en sus propios domicilios. La Fundación, mediante el 'Proyecto de atención individualiza', supervisa a las personas tuteladas que tienen capacidad para poder llevar una vida en comunidad, para lo que desarrolla también un programa de atención domiciliaria.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), financiará durante 2019 con 480.878 euros a la Fundación para que siga ejerciendo su labor.