El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia ha señalado que la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, elaborada por Podemos, y que ha aprobado hoy la Asamblea Regional, es un “gran avance para los medios de comunicación puesto que a partir de su entrada en vigor, van a poder ser un poco más libres. Además, evitará que el PP, con dinero público, se pague campañas publicitarias a costa de la imagen de la Región, como la última del AVE o la célebre Agua para Todos”. Entre las novedades, se incorpora el control parlamentario del Plan de Comunicación elaborado por el gobierno que una vez publicado y adjudicada la concesión de la campaña a un medio, no tendrá vuelta atrás. Todo va a ser público y cualquier modificación del plan debe pasar por la Asamblea.
Óscar Urralburu ha explicado que “por mucho que intenten hablar de transparencia, en esta Región todo el mundo sabe cómo usa el Partido Popular el dinero de las campañas institucionales para intentar presionar a los medios de comunicación”.
Por eso, con esta Ley, “habilitamos a la Asamblea Regional y a todos los grupos parlamentarios para que se supervisen las políticas de comunicación y publicidad del gobierno del mismo modo que supervisan el resto de políticas. Una Ley que hace obligatorio el control parlamentario lo del Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional”.
Urralburu ha dicho durante el Pleno que el gobierno regional del PP “lleva dos décadas intentando confundir y manipular a los murcianos y murcianas usando, a propósito, su color, tipografía e iconografía para intentar unificar la imagen entre la Región y el partido. Sólo les falta meter la gaviota”.
Con esta ley, “el gobierno tampoco podrá emplear el anagrama de la Comunidad Autónoma, el escudo y la bandera de un millón y medio de personas para convocar un acto de partidista y sectario. Un acto como el que se montó en contra de la llegada del AVE soterrado. Con nuestra ley, quedarán prohibidas, de acuerdo al artículo 8.11 toda publicidad institucional que pueda guardar similitud con la identidad o la publicidad de cualquier partido político”.
Asimismo, a partir de ahora la publicidad institucional se someterá a las mismas leyes de contratación pública que el resto de acciones del ejecutivo. Se deberá garantizar la transparencia y la publicidad. Se evitará que haya cualquier tipo de mensaje contrario a la Constitución y los Derechos Humanos, y aquellos que contengan tintes discriminatorios, xenófobos o sexistas como hemos podido ver en algunas campañas municipales, como la del “macho ibérico en Archena”.
Urralburu ha hecho hincapié en que también se crea el Consejo de Publicidad y Comunicación Institucional “para evitar que la comunicación sirva a los intereses de un partido o un cargo institucional concreto. Se acompasarán los tiempos y obligaciones a la ley electoral general, para evitar abusos o un uso instrumental del gobierno y sus recursos en beneficio de un partido en periodo electoral. Y se prohibirá el uso instrumental y partidista de los recursos públicos. Ninguna campaña pagada con dinero público podrá ser de autobombo al hablar sólo de la puesta en valor de los logros del ejecutivo, sino para informar a la ciudadanía, y mucho menos para promocionar la imagen de determinados cargos institucionales”.