La sentencia del Supremo coincide con la presentación de las 60 demandas colectivas de ADICAE. La asociación ha convocado decenas de asambleas por toda España para explicar el alcance de esta sentencia.
La justicia ha decidido dar otro golpe a la banca al imponer el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que supone casi dos tercios de todos los gastos hipotecarios. Se trata de una gran noticia que se ponga coto a este abuso bancario y que se clarifique la realidad. Es desde luego una gran victoria de los derechos de los consumidores y evita que los bancos sigan haciendo de su capa un sayo los bolsillos de entre seis y ocho millones de hipotecados.
Para ADICAE ha sido una gran victoria de la legislación europea, y también española, que protege a los consumidores pero que se ha interpretado muy mal en todos los aspectos.
El Tribunal Supremo respalda las tesis de ADICAE respecto al impuesto de Actos Jurídicos Documentados y corrige una ley que estaba mal hecha. La ley dice que el impuesto lo debe pagar el banco pero el reglamento de Hacienda que la desarrolla aseguraba que corría a cargo del cliente. Ahora lo que hace el Supremo es anular ese punto del reglamento para que se cumpla la ley y sea el banco el que pague el impuesto.
En cuanto a la retroactividad no se puede conocer el número exacto de afectados. Todo dependerá de la interpretación que se haga de la sentencia. Los servicios jurídicos de ADICAE estudiarán a fondo la misma para saber cuántos afectados tienen derecho a reclamar. En cualquier caso la solución no puede ser otra que colectiva para los millones de afectados. ADICAE defiende que sea una solución global y colectiva porque si no se va a dejar en la estacada a un 90% de los usuarios, que no sabrán cómo reclamar o no se atreverán a hacerlo.
ADICAE siempre optará por la resolución extrajudicial de conflictos o bien por la acción colectiva. Antes de esta sentencia la asociación tenía previsto presentar 60 demandas colectivas frente a otras entidades para evitar un desfile de cientos de miles de afectados en demandas individuales que además de colapsar los tribunales dejaría sin resarcimiento a millones de hipotecados que no se plantean iniciar acciones judiciales en solitario. Como en las cláusulas suelo, un fraude que afecta a la práctica totalidad de las hipotecas no puede resolverse caso por caso, como pretende la banca llevando a cada consumidor a los tribunales de uno en uno.