Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, preguntará al presidente López Miras en el pleno de próximo jueves sobre la enorme deuda que ha supuesto para las arcas regionales la construcción de la desalinizadora de Escombreras.

La iniciativa registrada recoge textualmente la siguiente pregunta: “¿tiene el Gobierno regional previsto iniciar algún tipo de medida para frenar la sangría económica que suponen los contratos relativos a la construcción y gestión de la desaladora de Escombreras, que van a generar un agujero de 600 millones de euros?”

Sánchez, quien presidió la Comisión de Investigación de la desalinizadora de Escombreras, calificó las conclusiones de la misma como "demoledoras". El portavoz de Cs afirmó que se trató de una trama urbanística para recalificar unos 180 millones de metros cuadrados con el fin de cambiar el modelo socioeconómico de la Región de Murcia, sorteando la legalidad vigente.

La última novedad del denominado caso La Sal ha sido la petición de la fiscal de imputar a cinco ex altos cargos de la Comunidad Autónoma y a tres directivos del grupo empresarial ACS.