La Comunidad destinará a los ayuntamientos de la Región 2,8 millones de euros del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil.

Con estos créditos se pueden financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de los menores, cubriendo necesidades básicas, de apoyo a la conciliación familiar y laboral y servicios de intervención familiar.

La directora general de Familia y Políticas Sociales, Miriam Pérez, presidió hoy la reunión con los concejales de Servicios Sociales de la Región y con los presidentes de las las mancomunidades de Servicios Sociales para explicarle los criterios en el reparto de los fondos.

Las entidades locales tienen concesión directa a sus solicitudes y así acogerse a estas ayudas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que se aprobaron en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado el pasado mes de julio.

Según declaró Miriam Pérez, "la protección a la infancia preocupa especialmente al Ejecutivo regional, aseguramos las prestaciones económicas de urgencia social a las familias o unidades de convivencia con menores a su cargo, a través de las entidades más próximas al ciudadano y que mejor conocen las necesidades de esas personas".

Cubriendo necesidades

Los proyectos que financia este fondo deberán ser presentados en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por las entidades locales y mancomunidades de Servicios Sociales para que se distribuya mediante los centros de Servicios Sociales de Atención Primaria.

Con esos créditos se pueden financiar tres tipos de proyectos: los dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas; proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral; y por último, servicios de intervención familiar.

El dinero se destina a familias con hijos que necesiten paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social, cubriendo necesidades de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como salud, educación (material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda) y de empleo.

También el acompañamiento y trabajo social con las familias y la financiación de programas de apoyo a la conciliación familiar y laboral para personas en procesos de inserción socio-laboral con hijos a su cargo, tales como gastos de escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños a una atención y desarrollo adecuados.