La Comunidad demandó hoy al Estado una mayor dotación de medios humanos y materiales en el ámbito judicial, al asumir como propias las reivindicaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Región, de la Fiscalía y de los Colegios de Abogados y Procuradores de la Región "porque para que se haga justicia es preciso que ésta sea ágil y pueda asumir la carga de trabajo asignada de forma adecuada, porque una justicia lenta deviene en injusticia".

Este fue el planteamiento que el consejero de Presidencia, Pedro Rivera, hizo hoy al secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en el encuentro que mantuvieron en Madrid para abordar la situación de los órganos judiciales en la Región de Murcia.

Rivera recordó que la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales en la Región está por encima de la media española, mientras que la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes se encuentra, por el contrario, por debajo de la media nacional, e hizo suya la reivindicación del Tribunal Superior de Justicia "en el sentido de la necesidad de crear 33 nuevas unidades judiciales, seis de ellas con carácter urgente".

El consejero incidió en la reclamación de las nuevas sedes judiciales de Cartagena, Lorca y Molina de Segura, y recordó que las obras del nuevo Palacio de Justicia de Lorca, en concreto, "fueron adjudicadas por el anterior Gobierno de España con un presupuesto de ocho millones de euros, y es preciso que se agilicen al máximo".

También estuvo sobre la mesa la adjudicación a Cartagena de un Juzgado de lo Mercantil, "porque la entidad económica, mercantil y empresarial de la ciudad y su comarca lo requieren, y porque ya hay antecedentes en localidades como Gijón o Elche, donde se han establecido unidades judiciales de esta condición en lugar de hacerlo en Oviedo y Alicante", indicó Rivera.

Otras reclamaciones planteadas fueron la puesta en marcha del segundo Juzgado de Familia en Cartagena, la elevación a la condición de magistrados de los jueces del Partido de San Javier, y el incremento del número de fiscales y de funcionarios de la Fiscalía, por cuanto en ambos casos su número en la Región se encuentra por debajo de la media nacional.