Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Consejería de Presidencia rechazando el denominando proyecto de Ley de Aceleración Empresarial, por suponer un paso más en la grave desregulación medioambiental que desde hace unos años viene produciéndose en nuestra región. Dicho proyecto, apoyado por Ciudadanos, consta de 90 artículos y establece modificaciones sustantivas de carácter medioambiental, urbanístico, e industrial con el objetivo de eliminar salvaguardas ambientales y administrativas en la aprobación de proyectos empresariales.
El proyecto de Ley de Aceleración Empresarial (podríamos definirla como Ley de Aceleración de la Arbitrariedad), intenta confundir de una manera burda, llamando además aceleración lo que es simple desregularización ambiental, que deja el Medio Ambiente regional más desprotegido ante la presión del beneficio empresarial. Se establece, entre otras cosas, una reducción de plazos para la concesión de las autorizaciones ambientales en el marco autonómico. El proceso y el plazo para la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) se reduce un mes (pasa de diez a nueve meses) y las autorizaciones ambientales sectoriales se reducen tres meses (pasa de seis a tres meses).
Este hecho supondrá además una mayor carga de trabajo en la ya reducida plantilla de trabajadores de los organismos de control ambiental, fundamentalmente la Dirección General de Medio Natural, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor y la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, que tendrán que resolver expedientes, de por si complejos, en menos tiempo aumentando la posibilidad de error y/u omisión en los procedimientos y autorizaciones ambientales.
El gobierno de López Miras, esta vez apoyado por Ciudadanos, en lugar de gobernar para todos los murcianos y murcianas, escribe esta ley al dictado de la patronal y se comporta como un siervo arrodillado de la CROEM. a la cual no la ha votado nadie para gobernar la región. Significará, en la práctica, que muchas empresas podrán soslayar los procesos y principios precautorios de muchas normativas de control y vigilancia medioambiental. Además, esta actitud implica premiar a empresarios que acostumbran a sortear las normativas frente a aquellos emprendedores que cumplen la legislación y salvaguardas medioambientales.
Significará también, en la práctica, regularizar actividades ya existentes con una política de hechos consumados, que sería imposible de legalizar de otra manera. Es un instrumento para quienes se han saltado, normativas, mecanismos precautorios ambientales y procesos regulados con arreglo a las normativas ambientales. Todo ello se encuadra en el concepto profundo que tiene el gobierno regional de que el medio ambiente es una barrera al desarrollo, una piedra en el zapato, en lugar de un espacio de oportunidad para un desarrollo sostenible, respetuoso con nuestro patrimonio y valores medio ambientales, de los que dependemos.
Las normativas de protección del Medio Ambiente no solamente protegen el medio natural y las especies silvestres, también la salud pública y la calidad de vida de la gente. El Gobierno regional lleva años reduciendo a la mínima expresión el presupuesto y el personal funcionario dedicado a las funciones medioambientales, cuando debería ser al contrario, puesto que nos enfrentamos a una crisis ambiental que afectará a nuestro futuro y el de las próximas generaciones.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha pedido al gobierno regional la retirada del proyecto de ley de aceleración empresarial de la Asamblea Regional, y que de un giro de 180 grados en sus políticas ambientales para preservar realmente nuestro patrimonio natural, mediante un desarrollo sostenible que preserve nuestros recursos actuales.