"Condenar a la Región a endeudarse para prestar la educación, la sanidad y los servicios sociales es hipotecar el futuro de los murcianos", afirma De la Cierva

El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, reclamó hoy la urgente reforma del Sistema de Financiación Autonómica "para que todos los españoles, independientemente de dónde vivan, reciban unos servicios públicos de calidad sin que ello condene al endeudamiento a las comunidades peor financiadas, tal y como hace el Gobierno de Pedro Sánchez con la Región de Murcia".

Así lo reivindicó hoy durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien el consejero recordó la carta que, siendo ella consejera de Andalucía, remitió a los responsables de Hacienda de las demás comunidades autónomas, en la que apremiaba a abordar esta reforma.

"En poco más de un mes, la ministra ha pasado de considerar urgente, literalmente, la Reforma actual del Sistema de Financiación Autonómica, a decir que no hay prisa. ¿Dónde queda la coherencia o a dónde quieren destinar ahora sus esfuerzos?", se preguntó el consejero.

De la Cierva añadió que el escenario donde se debe acometer la revisión del modelo "es precisamente aquí, donde estamos representadas todas las comunidades autónomas", en referencia a la decisión del Gobierno central de mantener reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos para revisar sus situaciones individuales respecto a la financiación.

El consejero recalcó también que "el Comité de Expertos ya dejó muy avanzado el trabajo encaminado a modificar el Sistema, por lo que no hay razón para desecharlo y continuar con un modelo que perjudica gravemente desde 2009 a algunas comunidades autónomas, como la Región de Murcia".

"A su vez, las comunidades autónomas ya remitieron el pasado 29 de mayo sus aportaciones al informe elaborado por la secretaría del Comité Técnico Permanente de Evaluación, en el que se recogen los puntos de acuerdo que se han alcanzado, en el seno de este órgano, en torno a las líneas fundamentales que se recomienda seguir en la reforma del Sistema de Financiación así como las alternativas que se tendrán que decidir precisamente en este Consejo" recordó Fernando de la Cierva.

"Todos estos avances han quedado paralizados y la Región sale perjudicada, al mantener un modelo injusto y arbitrario que nos hace arrastrar una deuda derivada de la infrafinanciación de más de 6.800 millones de euros, el 80 por ciento de la deuda total de la Región", explicó De la Cierva.

Con el actual modelo de financiación, la Región de Murcia recibió el pasado año 264 millones de euros menos que la media de las comunidades, la menor financiación por habitante del conjunto del país, junto con la Comunidad Valenciana. Mientras que la financiación media del país está en 2.400 euros por habitante y año, la Región solo recibe 2.220 euros, 180 menos que la media para la prestación de los mismos servicios públicos.

Por último, el consejero reclamó una nueva reunión del pleno del Consejo para revisar los objetivos individuales para las comunidades autónomas, que les permita llevar sus respectivos techos de gasto a los parlamentos para su aprobación.

Ampliación del objetivo de deuda

Durante el Consejo también se fijaron los objetivos de deuda pública y de estabilidad presupuestaria para las comunidades autónomas en el trienio 2019-2021. El techo de deuda aumenta dos décimas respecto al pactado en la última sesión y pasa del 0,1 por ciento del PIB al 0,3 para 2019. También se modifican los objetivos para los dos años siguientes, que serán del 0,5 por ciento de déficit para 2020 y 0,1 por ciento de superávit para 2021.

En este sentido, el consejero señaló que "no necesitamos hacer aún más grande la bola de la deuda, lo que necesitamos es que el Estado nos proporcione recursos con una adecuada financiación, no que nos ponga más impedimentos. Ampliar el objetivo de déficit supone forzar que nos sigamos endeudando y esto agrava la situación injusta que ya tenemos de partida".

Una vez aprobados, los objetivos de deuda y de estabilidad presupuestaria pasarán a las Cortes Generales para su aprobación y servirán de guía para la elaboración de los presupuestos generales de las comunidades autónomas.