El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la concesión directa de subvenciones, por valor de un millón de euros, a ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia, para paliar los efectos de la pobreza energética y garantizar el suministro de energía eléctrica, gas y agua a personas en situación de riesgo o exclusión social.

Estas ayudas económicas, que se estima que beneficien a unas 10.450 personas en riesgo de exclusión, tienen como objetivo contribuir a que estas personas puedan mantener sus hogares en condiciones dignas y que ningún ciudadano se vea privado de suministros energéticos básicos como la luz o la calefacción.

Los fondos se destinarán a la financiación de proyectos a ayuntamientos y mancomunidades de Servicios Sociales para hacer frente al pago de facturas de aquellas personas que no tengan garantizada la continuidad de los suministros esenciales, por no contar con los recursos económicos suficientes. Estas circunstancias deberán ser acreditadas por los Servicios Sociales municipales de Atención Primaria.

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas que se encuentren en alguno de estos supuestos: titulares de un contrato de suministro de energía eléctrica, gas o agua que tengan una deuda pendiente de pago y no puedan hacer frente a la misma; personas que necesiten tramitar el alta o reconexión para su vivienda habitual de cualquiera de estos suministros básicos; y ciudadanos que no puedan hacer frente al pago del gas butano necesario y se encuentren en situación de riesgo o exclusión social.

El reparto de las ayudas entre los ayuntamientos y mancomunidades se ha realizado teniendo en cuenta la población de cada entidad local, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Padrón municipal de habitantes de 2017). Se ha ponderado positivamente a las poblaciones con menor número de habitantes, que cuentan con menos recursos y servicios propios para atender a las situaciones de necesidad.

La distribución de los créditos para las ayudas se ha calculado partiendo de una financiación fija mínima, que en el caso de los municipios es de 1.200 euros y en el caso de las mancomunidades asciende a 3.000 euros, con el fin de que todas las entidades locales dispongan de un crédito inicial; y el resto de los fondos se distribuyen aplicando un índice corrector.