El diputado del Grupo parlamentario popular, Jesús Cano, ha compartido con los alcaldes de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar su queja porque han tardado dos años en comparecer ante la Comisión especial del Mar Menor aunque son quienes ostentan la representación legítima de los ciudadanos.

Cano tras escuchar el testimonio de los cuatro regidores de los municipios ribereños han afirmado que nos han puesto deberes a los parlamentarios al reclamar la elaboración urgente de una ley integral que regule y haga compatible todos los sectores que puedan afectar al estado de la laguna.

El diputado regional del PP se ha unido a las peticiones de prudencia que han pedido los primeros ediles a la Comisión cuando se habla del estado del Mar Menor, debemos ser conscientes del daño que se ocasiona a los empresarios turísticos, agrícolas, a los comerciantes cuando cuando se hacen declaraciones fuera de tono, cuando se habla con ligereza y sin propiedad de contaminación del Mar Menor. Y ha añadido que la laguna salada no necesita más vertidos incontrolados desde la Asamblea ni que se habla de catástrofe medioambiental, son afirmaciones que a nadie benefician. El Mar Menor necesita mirar hacia adelante, trabajar para curarlo desde el rigor y la responsabilidad con una perspectiva optimista de futuro, ha dicho.

Jesús Cano ha destacado el compromiso de los alcaldes con la conservación de la laguna y ha resaltado algunas de sus propuestas como limitar la velocidad de la navegación en determinadas zonas y no permitir la construcción de nuevos puertos deportivos.

Respecto a la intervención de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, el diputado autonómico del PP ha lamentado que haya acudido mal informada a la Comisión ya que ha pedido un plan de descontaminación de suelos mineros que ya ha puesto en marcha la consejería de Medio Ambiente. Asimismo ha destacado los 28 millones de euros consignados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, el Mar Menor es una prioridad para el PP y para el Gobierno de López Miras. Y ha instado a la regidora ha aplicar en su municipio una moratoria urbanística, ella tiene las competencias urbanísticas del municipio y le ha recordado que existe una comisión interadministrativa sobre el Mar Menor en la que están representados los Gobiernos de España y regional junto a las entidades locales.