Andrés Pedreño, diputado regional, ha explicado que la iniciativa está destinada a que el ejecutivo regional penalice a las empresas que cometen irregularidades contra los trabajadores. Se les debe tanto quitar las subvenciones como no adjudicarles ninguna concesión o contrato público.
Pedreño ha contado que uno de los casos en los que se podría aplicar esta iniciativa y, en el que la Administración regional debería actuar, es el caso de una empresa de autobuses que opera en la Región de Murcia.
Andrés Pedreño ha detallado que es una de las principales empresas concesionarias de las líneas de transporte regular y discrecional de viajeros, empresa a la que la Inspección de Trabajo de Murcia sancionó "por realizar contratos fraudulentos, por pagar y cotizar menos horas de las trabajadas, por incumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, por incumplimientos salariales con los trabajadores, e incluso por incumplir de forma sistemática las horas de descanso que deben guardar sus conductores/as".
Este tipo de empresas, ha dicho Andrés Pedreño, "no pueden seguir cobrando del dinero de todos y todas. Igual sucede con el conflicto que viven estos días los trabajadores del servicio de limpieza del hospital de la Arrixaca, donde la empresa subcontratada por el Servicio Murciano de Salud no cumple los acuerdos colectivos en cuanto a salario, derechos sociales y condiciones de trabajo".
Pedreño ha recordado que el sindicato de inspectores de Hacienda GESTHA confirma que hay más de un 25% de nuestra economía que "circula en negro". Es una "enorme bolsa de fraude laboral que sufren los trabajadores. Son horas extras sin pagar, contratos laborales de jornada parcial ficticia, contratos de formación fraudulento, en especial en hostelería y en el sector agrícola y la proliferación de las ETT. El más habitual es en el que se da en la contratación del trabajador por menos horas de las que tiene su jornada laboral y parte del salario se paga en negro".
Ante esta situación, ha dicho el parlamentario regional de Podemos, "queremos dar un apoyo fundamental a los trabajadores. Si seguimos así, nos vamos a convertir en una Región con una economía en B en su mayoría y donde campan a sus anchas el fraude y las indignas condiciones de trabajo".
El texto resultante en la votación ha descartado el caso de las empresas con sentencias firmes por delito contra el derecho de los trabajadores y ha aceptado la enmienda de Cs de medidas para impedir que aquellas empresas sobre las que hubiera recaído resolución firme en vía administrativa, por infracciones muy graves contra los derechos de los trabajadores, o sentencia judicial por delito contra el derecho de los trabajadores, no puedan ser adjudicatarias de subvenciones ni puedan optar a contrataciones públicas en el ámbito regional.