La Comunidad pone en marcha un novedoso plan para adaptar las condiciones de trabajo y facilitar que los empleados públicos que presenten problemas de salud puedan ser reubicados con el fin de garantizar su seguridad, según el acuerdo alcanzado entre la Administración y las organizaciones sindicales.

El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Enrique Gallego, declaró que "de esta forma se persigue mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Administración regional que presenta problemas de salud que pueden limitar la realización de sus funciones, disminuyendo las faltas de asistencia por enfermedad e incrementando su bienestar laboral".

Entre estas medidas se incluye la adaptación del puesto o el desempeño de otras funciones distintas a las del puesto que ocupa, el traslado a otros puestos y, "si esto no fuera suficiente para garantizar la seguridad y salud del personal, se podría trasladar a otra ubicación de distinto cuerpo al de pertenencia", manifestó Gallego. "La adopción de cualquiera de estas medidas conlleva una garantía retributiva para el personal implicado", añadió.

De esta forma, se regulan las distintas actuaciones a seguir para adaptar los puestos de trabajo o reubicar al personal de la Administración regional que, por ser especialmente sensible a los riesgos derivados de su puesto o por problemas de salud, no puedan desempeñar adecuadamente las funciones propias del mismo. Además, se garantiza el deber que tiene la Administración de proteger la seguridad y salud del personal a su servicio frente a los riesgos derivados del desempeño de sus funciones.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realizará un seguimiento de todas las medidas adoptadas con el fin de comprobar que las condiciones de trabajo no afectan negativamente a la salud del personal y evaluará los resultados obtenidos.

Trámite a seguir

El procedimiento se podrá iniciar de oficio por la propia Administración o a solicitud del personal interesado, cuando exista una limitación o problema de salud que impida desempeñar las funciones del puesto de trabajo y no se encuentre en situación de incapacidad temporal.

Para su tramitación será necesario presentar un informe de aptitud laboral emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tras la valoración del estado de salud en función de los riesgos presentes en su puesto de trabajo, y que indicará las limitaciones en el desempeño de sus funciones.

En virtud de este informe de aptitud, se adoptarán las medidas más adecuadas para determinar las condiciones de trabajo que deben cumplirse para garantizar la salud de la persona implicada, que se mantendrán mientras persistan las circunstancias de salud que las motivaron.