La implantación de la "Justicia Digital" está suponiendo gravísimos retrasos en la tramitación de asuntos, ya que lejos de funcionar de forma medianamente correcta, todos los días se producen cientos de incidencias que no se resuelven: la plataforma de firma digital, Lexnet, los cambios de sistema operativo y de procesador de textos, amén de la sobrecarga de trabajo que está suponiendo tener el papel y lo digital simultáneamente.
En las últimas semanas se ve agravada con diferentes, diversas y contradictorias ordenes que están recibiendo el personal de justicia de los Letrados /as de la Administración de Justicia y de los Magistrados/as. EN MENOS DE VEINTE DIAS HA HABIDO TRES ORDENES DISTINTAS. Ello sin contar las devoluciones que se están haciendo desde Fiscalía de Murcia puesto que no se les da traslado en papel hasta al menos el próximo 19 de Marzo.
EXPEDIENTE DIGITAL? PAPEL CERO? Ademas del expediente digital existirá un expediente en papel que tendrá el Juez, un Legajo que solo contendrá la documentación original y "la itineración informática se complementará en todo caso con unas carpetas/cartulinas individuales por cada procedimiento". Eso hoy, mañana no sabemos cual será el cambio.
Entendemos que cualquier acción debe de ir en pro de un mejor servicio y mejora por lo que es necesario que en el caso de existir contradicción habrá que buscar soluciones que sean coherentes con el espíritu del papel cero que tanto eco mediático está teniendo y que hasta ahora lo único que está produciendo es un uso mayor de papel en las Oficinas Judiciales y una sobrecarga de trabajo del personal funcionario, que soporta el pésimo funcionamiento de las tecnologías con constantes caídas; los constantes desencuentros entre Fiscalía y la Jurisdicción Penal, dado que aquella no tiene aún implantada el Expediente Judicial Electrónico y que todo ello no puede dar lugar en ningún caso a la apertura de expedientes disciplinarios a los trabajadores y trabajadoras, pues lo único que está consiguiendo en su repercusión en la Salud Laboral del personal funcionario de la administración de justicia.