Desde el PCE señalan que, durante la última semana se está produciendo una escalada represiva sin precedentes en la Región de Murcia a causa de las obras de la llegada del AVE a la ciudad de Murcia. Esta escalada de violencia está siendo instigada por políticos del Partido Popular que lejos de apaciguar ánimos y llevar al entendimiento se dedican a la criminalizar y reprimir a los vecinos de la zona sur de Murcia.
La organización comunista "lamenta la frivolidad de las declaraciones del 11 de Febrero del Consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente Javier Celdrán comparando un acto vandálico de unos desconocidos el cual consistía en unos petardos con tornillos pegados con los atentados de ETA".
Desde el PCE señalan también las declaraciones del 13 de Febrero del asesor del Gobierno Regional del PP, José Antonio Martínez Abarca, pidiendo al delegado del gobierno que aplique la ley antiterrorista en las vías y desmantele el "comando Murcia".
Así mismo, rechazan el desmesurado despliegue policial en el paso a nivel de Santiago el Mayor desde el día 12 de Febrero por parte de la delegación del gobierno, con cerca de un centenar de antidisturbios desplegados con motivo del inicio de la instalación de la "pasarela del muro", una pasarela que además de presentar incógnitas sobre su legalidad y seguridad, se inició de forma inesperada y sin previa comunicación a los vecinos aumentando la tensión ya existente en el barrio.
Ante estas declaraciones y actuaciones El PCE en la Región de Murcia exige:
- Que los políticos del PP, en especial los de la Región de Murcia, no aprovechen la mínima ocasión para relacionar cualquier actuación por lamentable que sea con el terrorismo de ETA, una organización que realizó su último atentado en territorio nacional hace más de ocho años.
- La dimisión o cese de los altos cargos del PP Javier Celdrán y José Antonio Martínez Abarca por declaraciones fuera de lugar e inaceptables.
- La retirada del despliegue policial en el Barrio de Murcia de Santiago el Mayor, y el fin del proceso de acoso y criminalización de los vecinos del barrio, así como que se detengan las obras de la pasarela y se retome el diálogo hacia el acuerdo de soterramiento firmado en el año 2006 o la estación provisional del AVE en Beniel.