Desde la Federación de Municipios de la Región de Murcia quieren manifestar que, en relación a la publicación en diferentes medios de comunicación de los resultados de un estudio realizado en la Universidad de Murcia sobre el 'Coste del servicio de recogida, eliminación y tratamiento de residuos de los ayuntamientos de la Región en el año 2016', los resultados ofrecidos por dicha investigación no pueden determinar, como se ha hecho, que los consistorios están cometiendo una ilegalidad.

En este sentido, destacar que el parámetro que se utiliza en el mismo para la valoración de los ayuntamientos es el de coste efectivo y, de acuerdo, al artículo 24.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el importe de la tasa por la prestación de un servicio o realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, al valor del coste real, que no siempre coincide con el coste efectivo.

Así, subrayar que incluso en la propia Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo de coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales recoge en su preámbulo que éste tiene como objeto incrementar la transparencia y la eficiencia en los servicios pero que, sin embargo, su valor no sirve para determinar las tasas o precios públicos.

"No se puede concluir que los ayuntamientos han cometido ninguna ilegalidad ya que esto sólo se podría determinar si la tasa no se correspondiese con el coste real, no con el coste efectivo. Por lo tanto, hay que tomar estas conclusiones con cierta cautela, y aunque sirven para acercar a los ayuntamientos a la transparencia, no son determinantes ni concluyentes en la valoración de la gestión pública que se está haciendo. Estamos completamente convencidos de que los ayuntamientos, en su mayoría, están realizando una gestión correcta de este servicio", tal y como ha destacado el secretario general de la FMRM, Manuel Pato.

Además, ha insistido en que desde la Federación se seguirá trabajando para mejorar la transparencia de las administraciones locales y, por supuesto, para ofrecer servicios de mayor calidad, más eficaces y efectivos para los ciudadanos.