El Ministerio de Justicia se niega a negociar con las organizaciones sindicales un incremento retributivo para el personal de la Administración de Justicia no transferido, dependiente directamente del Ministerio, con retribuciones medias muy inferiores al personal transferido a las Comunidades Autónomas
El Sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha anunciado que, en unidad de acción con el resto de los sindicatos, impulsará las medidas de presión necesarias para lograr importantes incrementos en las retribuciones del personal de justicia del ámbito no transferido para alcanzar las logradas en las Comunidades Autónomas con mayor nivel retributivo.
Las movilizaciones afectarán a los juzgados, tribunales, fiscalías y servicios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, junto a los Letrados de la Administración de Justicia y Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología de toda España y también al personal de los órganos centrales (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Fiscalía General del Estado).
A última hora de la tarde ayer, los sindicatos representativos han recibido una carta del Secretario General de la Administración de Justicia (tercer nivel de jerarquía del Ministerio de Justicia, tras el ministro y la secretaria de Estado), en la que comunica, en la misma línea que planteó en la reunión celebrada el pasado 9 de enero (que el Ministerio denominó informativa, con objeto de impedir la negociación), que no negociarán el incremento del complemento específico para los trabajadores/as del ámbito no transferido.
CCOO considera que el personal de justicia no transferido no puede seguir soportando diferencias retributivas cercanas a los 600 euros en algunos casos.
Junto a esta reivindicación retributiva, CCOO y el resto de sindicatos del sector de justicia han solicitado al Ministerio la apertura de negociaciones, que el Ministerio de Justicia tampoco lleva a cabo, para la mejora de otras condiciones de trabajo relativas a la formación profesional, al empleo, a la jornada y horario o a la organización judicial, entre las que cabe destacar las condiciones laborales y la atención a las víctimas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la formación para la implantación de las nuevas tecnologías, el aumento de órganos judiciales y de plantilla donde las cargas de trabajo así lo justifiquen o las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.