El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato que permitirá la adquisición de viviendas de segunda mano por parte de la Consejería de Presidencia y Fomento con el fin de destinarlas a realojar a familias en situación de exclusión social y residencial, con un presupuesto de 1.275.000 euros.

El objetivo es promover la integración de las familias en riesgo de exclusión social que ocupan infraviviendas en núcleos de chabolismo mediante la adquisición de viviendas, adecuadas a cada familia, para facilitar su acceso a un alojamiento adecuado y romper el círculo de exclusión a través de un proceso de acompañamiento.

La familia en riesgo de pobreza es aquella cuyos ingresos, incluidas las ayudas, no alcanzan el 60 por ciento del salario mínimo, es decir, que no superan los 450 euros, y la mayoría de sus miembros son parados de larga duración. Además, no logran acceder a cuatro de estos puntos: pago del alquiler o facturas de servicios públicos; calefacción adecuada; enfrentarse a gastos inesperados, comer carne, pescado o proteínas equivalentes cada 2 días; una semana de vacaciones fuera de casa; un coche; una lavadora; una televisión en color y un teléfono.

La adquisición de estas viviendas se hará mediante convocatoria pública en el término municipal de Murcia y se valorarán en función de las características sociales del entorno de la vivienda y de las necesidades de las familias para lograr su integración social.

El presupuesto de 1.275.000 euros está cofinanciado en un 80 por ciento por Fondos FEDER (1.020.000 euros) y el 20 por ciento restante (255.000 euros) corresponde a fondos propios de la Comunidad.

Esta iniciativa del Gobierno regional se enmarca en el programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada, desarrollado en colaboración con ayuntamientos y entidades sociales.

Está incluida en la Estrategia Europa 2020, para lo que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos de la Comisión Europea 2014-2020 prevén la financiación de operaciones de realojo de poblaciones que habitan en asentamientos segregados para que puedan acceder a una vivienda.