El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, la ampliación del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000 del río Chícamo, al ampliar esta figura de protección medioambientala las ramblas de La Parra y El Font, así como al monte de titularidad pública conocido como Contenendas y lomas de Algezar.

Este espacio de la red ecológica de la Unión Europea está situado en los términos municipales de Abanilla y Fortuna y su extensión pasa de las 410,54 hectáreas originales a 551,71, al ampliarse en 141,17.

Este LIC alberga los siguientes hábitats naturales de interés comunitario prioritarios: lagunas costeras, estepas salinas mediterráneas, vegetación gipsícola ibérica, zonas subestépicas de gramíneas y palmerales de 'Phoenix'. Además, cuenta con el fartet como especie de interés comunitario.

Asimismo, este espacio natural también destaca por sus pastizales salinos mediterráneos, matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, matorrales halo-nitrófilos, pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos, galerías y matorrales ribereños termomediterráneos, matorrales arborescentes de 'Juniperus'; matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, entre otros valores ambientales.

Esta ampliación de la extensión de LIC del Río Chícamo cuenta con el informe favorable del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente y fue sometido al proceso de información pública y audiencia de los interesados.

Luz verde al grupo de trabajo que diseñará el Plan de recuperación ambiental de suelos afectados por la minería

El Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa y de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha dado el visto bueno a la creación del grupo de trabajo para la elaboración del Plan de recuperación ambiental de suelos afectados por la minería.

El Plan abordará de una forma integral la recuperación de los suelos afectados en la Región por la actividad minera desarrollada durante siglos. El plan deberá basar sus objetivos en el estudio de las instalaciones mineras abandonadas y su impacto territorial y ambiental, teniendo en cuenta la sinergia entre la actividad minera y los suelos.

Este grupo de trabajo se encargará del impulso, promoción y recopilación de datos para la elaboración del Plan y las medidas que deberán adoptarse y aprobarse en Consejo de Gobierno.

Las líneas de actuación serán territoriales y urbanísticas, de seguridad minera, ambiental y paisajística y de salud pública, así como de bienes culturales. La financiación e instrumentos facilitadores tendrán ejecución por el sector privado y por el sector público, en su caso.

Se tratará, por tanto, de un órgano de composición multidisciplinar en el que participará tanto personal organizativo como especialista de las consejerías competentes en aquellas materias y sectores más estrechamente relacionadas con las incidencias que pueden derivarse de la actividad minera durante más de dos siglos.