La diputada de Podemos, María Giménez, ha señalado que el caso Pokémon es "uno de los asuntos más escandalosos de corrupción que ensucia el agua a lo largo y ancho de todo el territorio nacional". Por tanto, no nos extraña que el Partido Popular "tuviera sus amaños con la empresa gestora, Hidrogea, a quien el PP de Cartagena y el gobierno de Barreiro vendió el agua de la ciudad para que se llevasen cantidades millonarias de dinero público. Ahora ya sabemos lo que pidieron a cambio. Mientras, en la Región, pagamos el agua más cara de España".
Giménez ha asegurado que los contratos que firmó el Ayuntamiento de Cartagena, con Pilar Barreiro al frente, con Hidrogea "estaban cargados de sobrecostes que tenían que asumir y pagar los ciudadanos de la ciudad portuaria. Sobrecostes, que se han cargado a las espaldas de los contribuyentes y con los que se han pegado la gran vida en el PP de Cartagena". Por ello, al igual que ha pedido Cartagena Sí Se Puede, "exigimos que el consistorio cartagenero anule la prórroga de concesión".
Para la diputada de Podemos en el Partido Popular se han comportado como "auténticos piratas del agua. Sólo ha importado cuánto se llevaban al bolsillo o quién le pagaba el viaje más exclusivo y caro. El PP es la mayor amenaza que existe la estabilidad política, el desarrollo económico y el bienestar de la gente en esta Región".
Por ello, María Giménez ha afirmado que es "indignante para Cartagena y para toda la Región, que Pilar Barreiro siga siendo senadora. Aunque poco importa que pidamos una y otra vez que dimita. Mucho tiene que callar y eso en el PP de López Miras lo saben de sobra a pesar de que estemos ante el caso más del uso patrimonialista que el PP ha hecho de las instituciones".
Lo que está claro, ha concluido Giménez, es que "Hidrogea ha pagado viajes no relacionados con la prestación del servicio a una serie de personas directamente relacionadas con decisiones municipales que han beneficiado económicamente, en cantidades millonarias, a dicha empresa. Hay sospechas más que fundadas de que el pago de esas prebendas obedecía al trato favorable a la empresa en las contrataciones municipales, con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales y a la ciudadanía, que pagaba todos esos desmanes vía tarifa del agua, de las más caras de España".