Durante el día de ayer y la mañana de hoy ha permanecido inoperativa o bajo mínimos la aplicación informática "Inforeg" que se utiliza en los Registros Civiles de toda España para expedir, por ejemplo, las certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción, necesarias y obligatorias para que la ciudadanía acredite ante los organismos correspondientes su estado civil en trámites tan cotidianos como la obtención del DNI o pasaporte, matrimonios, tramitación de separaciones y divorcios, herencias, cobro de pensiones, matrículas en colegios, etc., etc.
La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, dependiente directamente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, no ha dado ningún tipo de explicación sobre los motivos de esta nueva caída informática, que no es la primera, sino la enésima según ha venido denunciado CCOO y el colectivo de trabajadores y trabajadoras de los juzgados, tribunales, fiscalías y otros servicios judiciales en los últimos meses.
Desde que se empezaron a implantar las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia, con el Ministro Catalá a la cabeza, secundado por su número dos, la Secretaria de Estado Dª Carmen Cortés y el Secretario General D. Antonio Dorado se empeñan en ocultar a la opinión pública a través de una desmesurada propaganda institucional el desastre y la chapuza que está caracterizando esta implantación tecnológica.
Todas las semanas de todos los meses de los últimos dos años se están produciendo con carácter generalizado paralizaciones de unos sistemas informáticos absolutamente inadecuados, mal diseñados, con insuficiente capacidad, sin la formación adecuada ni la atención necesaria a las personas usuarias,... y el Ministerio de Justicia sigue negando la realidad mientras que los trabajadores y las trabajadoras de la justicia siguen soportando unas condiciones de trabajo inaceptables que les impiden, de hecho, trabajar y despachar los asuntos que tienen encomendados sin poder ofrecer a la ciudadanía un servicio público de la Administración de Justicia mínimamente aceptable.
Por esta desastrosa situación CCOO vuelve a solicitar responsabilidades políticas y la dimisión o el cese inmediato de quien haya dado lugar a la misma, contratando programas y equipos absolutamente inadecuados e insuficientes y rechazando las reclamaciones sindicales de más y mejor formación y de medios personales suficientes para atender estos nuevos sistemas de trabajo.
La implantación de las nuevas tecnologías ha de hacerse de forma programada, pausada, negociada, con medios suficientes, escuchando a quienes utilizamos los recursos y no a golpe de decretazos y leyes con plazos imposibles de cumplir e ignorando cualquier criterio de eficacia y responsabilidad por encima de la propaganda política a que tan acostumbrados nos tiene este gobierno.