Región

CCOO demanda al Gobierno Regional la creación de mesas sectoriales para atajar la economía sumergida y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores

Tendrían que estar actuando DE OFICIO, tanto la Dirección General de Trabajo como la Inspección de Trabajo para evitar los riesgos laborales y cumplir las normas laborales en general.

Los hechos ocurridos con los 23 jornaleros de Agrifusa, que tuvieron que ser ingresados por inhalar productos fitosanitarios, han sido un ejemplo más de que la vigilancia de la salud debería ser prioritaria en todas y cada una de las empresas independientemente de su actividad. Tenemos que prestar especial atención a sectores como el agroalimentario, construcción y los servicios.

Recientemente hemos comprobado como trabajadores del sector agrícola han dejado de trabajar en la empresa Perichan de Mazarrón para reclamar derechos en materia de salarios, regulación de jornada y protección de la salud. Para CCOO es fundamental crear mesas con los Empresarios, los Sindicatos y la propia Administración para resolver los problemas que actualmente se están dando en los distintos sectores de la actividad regional.

La lucha contra la economía sumergida tiene que empezar generando una cultura de la prevención y del cumplimiento de las relaciones laborales en general.

Desde el año 2012, mejor año de la serie histórica de datos de siniestralidad, no cesan de crecer los accidentes en el trabajo. Entendemos que no es casualidad que el 2013 supusiera un cambio de tendencia, ya que fue el primer año que mostró los lamentables resultados de la reforma laboral, aprobada en 2012, tanto en la siniestralidad laboral como en la calidad del trabajo.

Entendemos que esta situación sólo se puede mejorar desde el consenso entre sindicatos, empresarios y administración, aplicando recursos y no sólo buenas palabras. Sobre todo afrontando la causa principal que no es otra que la precariedad del trabajo provocada por la reforma laboral.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la propia Constitución Española y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Estatuto de los Trabajadores, en todo lo referente a la obligación de la vigilancia de la salud, abono de salarios y cumplimiento de normas laborales en general tanto por parte de la empresas como por parte de las administraciones públicas, ante la negativa de los empresarios a poner en marcha medidas para evitar los riesgos laborales y cumplir las normas laborales en general, de oficio tendrían que estar actuando tanto la Dirección General de Trabajo como la Inspección de Trabajo.

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