Se ha procedido al arresto de 15 personas por su implicación en la captación, traslado, recepción y explotación de mujeres nicaragüenses en labores domésticas a las que comprometían con una deuda económica imposible de saldar

Algunas de las víctimas optaban por prostituirse para poder pagar lo que debían a las responsables de su traslado, dos hermanas también de Nicaragua, que se quedaban con la mitad del dinero que obtenía

La investigación también puso al descubierto la práctica de abortos ilegales a las mujeres que se quedaban embarazadas en el trascurso de las relaciones sexuales que mantenían para pagar su deuda

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas como presuntas autoras de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, tráfico ilegal de mano de obra, favorecimiento de la inmigración irregular, relativos a la prostitución, contra la salud pública, falsedad documental, aborto ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.

En noviembre del pasado año se tuvo conocimiento de la presencia en la Región de Murcia de un grupo de personas de nacionalidad nicaragüense, que habrían llegado a territorio español gracias a la intervención de dos hermanas de su misma nacionalidad, que al parecer se dedicaban introducir ilegalmente a mujeres de Nicaragua en España -a cambio de una suma importante de dinero-, para trabajar en labores domésticas.

La contraprestación económica para venir a España generaba a las víctimas una deuda muy difícil de saldar, ya que los intereses crecían de forma exponencial con el paso del tiempo, y más aún si eran despedidas de sus empleos en labores domésticas y al encontrarse en situación irregular en España.

Captadas con la promesa de un empleo en España

La investigación permitió a los agentes constatar que las dos hermanas captaban a las mujeres cuando viajaban a su país, Nicaragua, directamente o a través de un familiar. También se averiguó que todas las víctimas pertenecían al mismo pueblo, y que incluso algunas tenían parentesco con sus explotadoras. Además todas ellas tenían cargas familiares y con una precaria situación económica.

Las investigadas, bajo la promesa de conseguir a sus víctimas un trabajo como empleadas de hogar, las animaban a venir a España prestándoles entre 3.000 y 3.500 dólares, de los que una parte se destinaba a la compra del billete de avión y otra para acreditar medios de vida en la frontera. Además se encargaban de todos los preparativos y gestiones para que las mujeres captadas se hiciesen pasar por turistas y burlar así los controles fronterizos con el fin de entrara fraudulentamente en Europa.

Como compromiso de pago de la deuda generada, a algunas de las víctimas se les hacía firmar un contrato de compra-venta de determinadas propiedades en Nicaragua, con cesión de las mismas a la madre de las investigadas de forma que si las mujeres trasladadas a España no devolvían el dinero comprometido, las investigadas se quedaban con el bien cedido mediante contrato.

Explotadas laboralmente como empleadas de hogar

Las jóvenes entraban en España a través del aeropuerto de Barcelona, desde donde eran trasladadas en autobús a Murcia y recibidas por sus captadoras o algún colaborador. Posteriormente las desplazaban a un domicilio situado en la capital murciana y, tras quitarles el dinero prestado que les quedase, las alojaban temporalmente en la vivienda -en condiciones de hacinamiento e insalubridad extremos, durmiendo incluso en el suelo-, hasta que se les encontraba un trabajo doméstico donde vivían

Una vez "colocadas" laboralmente bien como empleadas de hogar o cuidando a personas mayores y bajo un control estricto, recibían un salario precario del que debían entregar una parte para cubrir la deuda, que generaba unos altísimos intereses, y para pagar su alojamiento. De ese modo a las víctimas les era imposible saldar la deuda y tenían que soportar jornadas laborales excesivas.

Prostitución para intentar saldar la deuda

Con el objeto de poder salir de esta situación, algunas de las chicas optaron por prostituirse y destinar a pagar el dinero que adeudaban a las responsables de su traslado a España. Las dos hermanas investigadas se quedaban con la mitad del montante recibido por los servicios sexuales prestados por las víctimas.

Las indagaciones permitieron a los agentes identificar a todas las personas que colaboraban con las dos hermanas nicaragüenses, cabecillas de la organización criminal, procediendo al arresto de 15 personas -cuatro hombres y 11 mujeres, con edades comprendidas entre los 28 y los 56 años de edad, naturales de Guinea, Marruecos, Bélgica, Nicaragua, Bolivia y España-, por su implicación en la captación, traslado, recepción y explotación de mujeres

También se ha procedido a la práctica de dos entradas y registros en domicilios de Murcia y Cartagena, en los que los agentes se incautaron de dinero, sustancias farmacológicas, dispositivos electrónicos y abundante documentación.

Pastillas para provocar abortos a las víctimas embarazadas

La investigación también puso al descubierto la práctica de abortos a las víctimas que se quedaban embarazadas en el trascurso de las relaciones que mantenían en España. Las cabecillas de la banda criminal, bien a través de terceras personas o falsificando recetas a nombre de las personas mayores que las chicas cuidaban, obtenían unas pastillas cuyo uso clínico sí es lícito con otra posología y dosificación, pero pueden provocar abortos al ser administradas en determinadas condiciones. Esta práctica se llevaba a cabo en domicilios privados, sin control facultativo y en algunos casos a mujeres en un estado de gestación cercano o superior a los cuatro meses. Posteriormente enterraban a los fetos.

"Con la trata no hay trato: denúncialo"

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.