Por eso, la diputada regional, María Giménez ha afirmado que es necesario que se tramite como proyecto de ley puesto que si "ahondamos en lo presentado por el gobierno, vemos que se queda muy en lo superficial, no resuelve nada. Es todo un lavado de cara porque llega al verano. Nosotros, en la tramitación, incorporaremos todas las enmiendas que nos ha trasladado la sociedad civil".

Giménez ha señalado que el decreto "es un parche completamente ineficaz. La Consejería lo ha tenido que sacar por la puerta de atrás para tratar de apaciguar por las justas reivindicaciones de los vecinos, la fiscalía, los grupos de la oposición, pacto por el Mar Menor, grupos ecologistas o la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar".

La parlamentaria de Podemos ha remarcado que es un "escándalo que la consejera Martínez-Cachá haya venido a presentar un decreto negociado en despachos y sólo con determinados sectores". En cuanto "ahondamos" en lo presentado por el gobierno, ha dicho María Giménez, vemos que es un texto "esquizofrénico. Se ha creado un mapa en el que hay una zonificación en el que las exigencias tienen unos parámetros absurdos".

De manera concreta, Giménez ha asegurado que "ni tan siquiera abarca los aspectos ambientales en su amplitud. Se limitan a aplicar el código de prácticas agrarias de la Región, y un régimen sancionador que, por otra parte, es de obligado cumplimiento en aplicación de la Directiva relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario".

Según la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, hay aspectos completamente olvidados, a los que el Decreto Ley no dedica "la más mínima atención": Es el caso, ha explicado, de la moratoria urbanística, las inversiones de la ITI, los puertos deportivos, las obras costeras, o el Plan de Gestión para la conservación de los Espacios de Natura 2000 que está dos años de trámites.

En relación con el control y eliminación de los vertidos, la parlamentaria de Podemos, María Giménez, ha detallado que se prohíbe los vertidos desde tierra al Mar Menor "de cualquier tipo y naturaleza, con lo cual se prohíbe lo que debería ser de por sí imposible e inimaginable. No se dice nada de los vertidos realizados directamente a la laguna desde embarcaciones. Se regula lo obvio y lo ya establecido por otras normas, con lo cual el Decreto Ley es completamente inútil en estos aspectos".

Por último, Giménez ha incidido en que el decreto del Partido Popular no ha seguido "el procedimiento lógico de una norma de esta relevancia y sin la necesaria participación. No aporta nada nuevo, regula lo que está ya regulado, salvo el régimen sancionador. Es una norma hecha de cara a la galería, sin ninguna intención de promover una adecuada intervención a corto y medio plazo y a distintas fases, sobre los sectores clave, a nivel ambiental y económico, de mayor incidencia". Por último, María Giménez ha subrayado que "contiene graves defectos y lagunas de coherencia y sistemática y genera gran confusión".