El Consejo de Gobierno ha aprobado un protocolo de actuación para la prevención y actuación en casos de violencia de género que afecten a empleadas de la Administración regional, que recoge la protección de la intimidad, prestaciones económicas, reducción de jornadas laborales, movilidad y apoyo jurídico y psicológico.

El protocolo, consensuado con las organizaciones sindicales, fue aprobado por la Comisión de Igualdad y garantiza derechos de carácter laboral y ayudas económicas a las empleadas de la Administración regional, incluidas el personal docente y del Servicio Murciano de Salud, que representan el 70 por ciento del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo contempla como novedad destacada la creación de la figura de un Delegado de Personal con competencias específicas en materia de violencia de género, que gozará de las mismas garantías que los delegados sindicales y representantes del personal.

El objetivo de la Administración regional es hacer efectivas medidas de protección a la mujer y su derecho de asistencia social integral frente a la violencia de género y articular una repuesta efectiva a todos los niveles que constituya un elemento de seguridad para la víctima.

Protección integral

Las empleadas públicas víctimas de violencia de género tendrán derecho al traslado a otro puesto laboral, excedencia, preferencia para la elección de los turnos vacacionales, reducción de jornada, reordenación de su tiempo de trabajo o permisos en los términos previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Las medidas contempladas en el protocolo de actuación giran en torno a dos ejes fundamentales, la prevención de la violencia de género y la actuación a desarrollar en caso de producirse, con el propósito de proteger la integridad física y moral de las mujeres con las debidas garantías de confidencialidad y celeridad.

En cuanto a la prevención de violencia de género, además de la formación e información se contemplan medidas de vigilancia de la salud a través de los Servicios de Prevención y la creación de equipos profesionales con personal especializado para el apoyo, ayuda, información y orientación a las mujeres.

Respecto a la actuación frente a casos ya producidos, además de los derechos relativos al tiempo de trabajo y movilidad y la asistencia de los equipos profesionales de apoyo a las víctimas, las empleadas públicas contarán con prestaciones económicas tales como la percepción de sus retribuciones íntegras en caso de enfermedad, ayudas en caso de bajos ingresos y el derecho a la obtención con carácter preferente y en condiciones especiales de anticipos reintegrables sobre su sueldo.

El protocolo de actuación aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se suma a la medida puesta en marcha desde el pasado 1 de enero, que contempla para las empleadas públicas de la Administración regional que tengan acreditada la situación de víctima de violencia de género el derecho a percibir, desde el primer día de incapacidad temporal, un complemento salarial que les permita alcanzar el cien por cien de su sueldo, así como a prestaciones de acción social con carácter preferente.