La Comunidad destina 1,3 millones de euros a esta iniciativa, que también prima la contratación de parados de otros colectivos, como jóvenes o personas en riesgo de exclusión social

El consejero Juan Hernández destaca que "el Gobierno no puede crear empleo, pero sí puede animar a las empresas a crearlo, para que además beneficie a aquellos que menos oportunidades tienen"

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, informó esta mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de la entrada en vigor tras su publicación en el BORM de nuevas ayudas de entre 3.000 y 9.000 euros a empresas que formalicen un contrato indefinido con un desempleado perteneciente a alguno de los colectivos con especiales dificultades para la inserción laboral. La ayuda de mayor cuantía (9.000 euros) se ofrece a la empresa que contrate a un parado de larga duración mayor de 45 años y con cargas familiares.

Concretamente, se ofrecen subvenciones para la contratación indefinida de parados de larga duración, desempleados menores de 30 años, jóvenes que se encuentren realizando prácticas no laborales, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y víctimas del terrorismo, con el requisito de que se encuentren inscritos como demandantes de empleo.

Estas subvenciones se encuentran graduadas en función del colectivo y de determinadas circunstancias, que pueden incrementar la cuantía de la ayuda. Así, por ejemplo, si una empresa realiza un contrato indefinido a un parado de larga duración, recibirá 6.000 euros en caso de ser un vínculo a tiempo completo, y 3.000 si es a tiempo parcial, pero si se trata de un parado de larga duración mayor de 45 años, la ayuda llega a los 7.000 euros, y a los 9.000 si además tiene cargas familiares.

Por su parte, las empresas que contraten de manera indefinida y a tiempo completo a un desempleado menor de 30 años recibirán 6.000 euros (siempre la mitad en el caso de ser a tiempo parcial), y de tratarse de una persona en riesgo de exclusión social, víctima de violencia de género o víctima de terrorismo, obtendrán una subvención de 7.500 euros.

La Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), destina 1.371.000 euros a esta línea de ayudas, que pueden ser solicitadas por las empresas hasta octubre de este año. Dichas solicitudes deberán ser presentadas ante el SEF dentro de los 15 días a contar desde de la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador contratado.

El consejero Juan Hernández señaló que "el Gobierno regional no puede crear empleo, pero sí puede intervenir en el mercado de trabajo de varias maneras, y una de ellas es animando a las empresas a crear ese empleo, para que además beneficie a aquellos que menos oportunidades tienen".

Además, subrayó que "en el caso de los parados de larga duración, se trata de una medida de choque que se suma a muchas otras y que están funcionando. De hecho, la Región tiene a día de hoy 27.900 parados de larga duración menos que hace un año, es decir, hemos perdido más de 2.300 parados de larga duración cada mes, y 76 parados de larga duración han encontrado trabajo cada día".

Atención integral a un perfil de difícil inserción

La Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020 señala a los parados de larga duración como un colectivo de atención prioritaria, y al que se dirigen medidas específicas para facilitar su regreso al mercado laboral. Así, estas ayudas a la contratación se suman a otras iniciativas, como por ejemplo los recientes servicios de atención personalizada, que asignan un tutor para orientar de manera más individualizada a estas personas y marcarles un itinerario de inserción exhaustivo.

Dentro de la atención integral a estas personas se incluye esa orientación individualizada, la formación a través de cursos específicos, la priorización de su participación en programas de empleo de entre seis y doce meses, o las ayudas para el establecimiento como autónomos, que se reforzarán próximamente con la nueva 'Cuota Cero' para que la Comunidad afronte los pagos a la Seguridad Social en su primer año de autoempleo.