Se impulsará el alquiler social de forma previa a una ejecución hipotecaria y medidas que garanticen el acceso a suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a colectivos en riesgo de exclusión
La Comunidad ya ha venido destinando subvenciones para ayudar a las familias a pagar recibos de luz y gas y cubrir gastos de primera necesidad, como alimentación y ropa
La Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado han alcanzado un acuerdo en relación a la Ley de Vivienda regional que supone reforzar los aspectos sociales de la política regional en esta materia. Este acuerdo se ha alcanzado en marco de las negociaciones que se venían manteniendo entre ambas administraciones en el seno de la Comisión bilateral de cooperación constituida para analizar la constitucionalidad de la modificación de la norma regional.
La Ley de la Vivienda se aprobó el 4 de marzo de 2015 en la Asamblea Regional y entró en vigor el 28 de abril de ese mismo año, si bien en mayo de 2016 se aprobó una modificación que supuso la transformación de varios artículos que podían "incurrir en extralimitación competencial", según recoge el informe de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, destacó que la ley objeto de análisis "no es una iniciativa legislativa impulsada por el Gobierno regional, sino que fue modificada por los grupos de la oposición de la Asamblea Regional con serias dudas de la posible inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la ley por la posible invasión de competencias estatales".
Muñoz explicó que tras varios meses de negociaciones con el Gobierno central "se ha acordado seguir apostando por la mediación como método alternativo de resolución de los conflictos hipotecarios de carácter libre y voluntario por las partes intervinientes, propietarios y entidades bancarias".
Asimismo, se ha acordado formular propuestas de alquiler social de forma previa a una situación de ejecución hipotecaria, así como medidas para garantizar el derecho de acceso a suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a colectivos en riesgo de exclusión residencial.
En este sentido, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ya ha venido destinando ayudas dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad para pagar recibos de los suministros de luz y gas y cubrir gastos de primera necesidad, como alimentación y ropa.
Por el contrario, el Gobierno regional y el Estado no han alcanzado acuerdo en cuanto a los procedimientos de mediación extrajudicial relativos a los préstamos hipotecarios, y a la resolución de situaciones de sobreendeudamiento. Por tanto, esos artículos de la Ley son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias estatales.
En concreto, se trata del articulado relativo a la mediación extrajudicial obligatoria entre las partes intervinientes y previa en caso de impago de vivienda habitual o sobreendeudamiento con entidades financieras sobre deudas de las familias.